Los consumidores pagarán la diferencia entre el tope del gas y el precio real, reconoce Ribera
La ministra de Economía y vicepresidenta primera Nadia Calviño (c) interviene junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (d) durante el Pleno del Congreso celebrado este miércoles. EFE/ J.J.Guillén

Los consumidores pagarán la diferencia entre el tope del gas y el precio real, reconoce Ribera

"Para poder dar cobertura al ajuste 'a posteriori' entre el precio del gas a 40 euros/MWh y el precio real en el mercado oficial, habrá que distribuir entre los consumidores de energía", ha indicado la vicepresidenta tercera del Gobierno
27 abril, 2022
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Actualizado: 27 abril, 2022 14:18
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 La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que el acuerdo con Europa para limitar el precio del gas destinado a la producción eléctrica es un «reaseguro para los consumidores ibéricos», y ha explicado que «habrá que distribuir» el ajuste entre el tope fijado y su precio real «entre los consumidores de energía». Es decir, ¿para qué entonces un tope en el precio de gas vendido por el Gobierno como la panacea para bajar el coste de la energía a hogares y empresas si al final terminarán pagando esa diferencia?

Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha avanzado que esta medida temporal, acordada por un plazo de doce meses, «se financiará a través de una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las eléctricas que emplean otras tecnologías que no se han visto afectadas en sus costes y son retribuidas al máximo precio». Unos beneficios que, según las eléctricas, no existen y son una falacia del Gobierno.

Se ha referido así al «acuerdo político» con la Comisión Europea, anunciado este martes por España y Portugal, para limitar el impacto del precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, que los consumidores contarán en sus facturas a partir de mayo.

Aunque aún debe hacerse oficial, empezará con un precio medio del gas de 40 euros megavatio hora (MWh), para estabilizarse en unos 50 euros de media en todo el periodo.

Una vez aprobado y en vigor, beneficiará al 40 % de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifa regulada- y hasta al 80 % de los consumidores industriales de electricidad, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad.

«Refuerza la protección de los consumidores», ha reiterado la ministra, que ha mostrado su «satisfacción» por haber dotado de una situación «más protectora» a los consumidores de ambos países, en un escenario en el que el precio del gas «puede aumentar» en los próximos días debido al último movimiento de Rusia de cortar el suministro a Polonia y Bulgaria.

Mención especial ha dedicado a las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que en la conferencia de analistas en la que ha presentado los resultados del grupo ha opinado que el régimen excepcional para el mercado eléctrico ibérico «no está justificado y es contrario al mercado único».

«El señor Galán defiende los intereses de sus accionistas. Al Gobierno le corresponde defender los intereses de los españoles», ha apuntado la titular de Transición Ecológica a preguntas de los periodistas.

FINANCIACIÓN

Antes, en la interpelación urgente del PP, Ribera ha relatado que este «reaseguro» se financiará «a través de una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas que emplean otras tecnologías de generación que no se han visto afectadas en sus costes y que, sin embargo, son retribuidas al máximo precio del sistema».

Además, «para poder dar cobertura al ajuste ‘a posteriori’ entre el precio del gas a 40 euros/MWh y el precio real en el mercado oficial, habrá que distribuir entre los consumidores de energía», ha indicado la vicepresidenta tercera del Gobierno, cuya intención es llevar la propuesta al Consejo de Ministros «cuanto antes».

Asimismo, ha aseverado que España y Portugal sí son «una isla energética», y que «ha llegado un momento en el que más allá de los Pirineos se siente la necesidad de acelerar lo que hasta hoy ha sido un lastre», es decir, la escasa interconexión con el mercado interior europeo.

A tenor de los cálculos ofrecidos por la ministra, «España debía estar conectado con Francia hasta en un 10 % en 2020. A día de hoy, está un 2,8 %», una circunstancia que «explica la reducidísima liquidez del mercado ibérico».

A efectos prácticos, esto se traduce en que «un consumidor industrial español no puede contratar su electricidad con una empresa comercializadora alemana o danesa por esta gran limitación», sino que «tiene que conformarse con el precio de las compañías en España».

NO BASTA CON REDUCIR IMPUESTOS

Respecto a la hipotética reducción de impuestos, planteada por los Populares, Ribera considera que «no basta con sustituir el pago de los consumidores por el pago de los contribuyentes, dejando unas arcas públicas lastradas, sino que es importante definir de modo distinto el precio de referencia que marca la electricidad en el mercado mayorista».

«Es lógico que paguemos el gas natural al precio del gas natural, pero evitemos muchas compensaciones al resto de tecnologías que ven incrementadas enormemente sus beneficios», ha subrayado la ministra en alusión al funcionamiento del mercado eléctrico, donde la tecnología más cara fija el precio del megavatio hora.

«Afortunadamente, esto lo ha entendido Europa, consiguiendo un acuerdo enormemente positivo», ha respondido al diputado del PP Guillermo Mariscal, que ha alegado que la «diferencia de precio eléctrico entre España y Francia hará que los consumidores españoles subvencionen a los franceses, al menos, durante un año, en más de 1.000 millones de euros».

Para el partido de la oposición, «hay otra forma más eficiente, directa e inmediata» de limitar el impacto de la subida de precios en los mercados energéticos, «la rebaja de impuestos a la que (Ribera) se opone».

En líneas similares se ha expresado la diputada de Vox Mireia Borrás, a la que Ribera ha recordado la importancia de unos «impuestos que gravan más a quienes más tienen, que benefician a quienes más lo necesitan», y que hacen que las sociedades sean «mucho más cohesionadas, igualitarias y democráticas». 

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