La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que garantice que ningún funcionario de la Agencia Tributaria (AEAT) será traspasado a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
En un comunicado, la asociación ha mostrado su rechazo ante un eventual traspaso «general o forzoso» del personal de la AEAT en Cataluña a la ATC tras el acuerdo entre ERC y la Generalitat para crear dos nuevos cuerpos en la región, uno de agentes tributarios y otro de informáticos.
Los inspectores reclaman que se respete el régimen del personal de la AEAT «sin injerencias de ningún tipo», ya que cualquier traspaso supondría un ataque a la autonomía de la Agencia y a los derechos de los trabajadores, «que no pueden ser moneda de cambio».
El régimen de financiación singular de Cataluña «dinamita nuestro sistema tributario» y es anticonstitucional, denuncian los inspectores de Hacienda
Los inspectores de Hacienda son muy críticos con el régimen de financiación singular de Cataluña, porque «dinamita nuestro sistema tributario, ya que incumple principios constitucionales y fraccionaría la AEAT. Los contribuyentes se verían perjudicados en los servicios que les presta actualmente la AEAT. El resto de CCAA dispondrían de menos ingresos para financiar los servicios públicos. Si se extendiera este régimen al resto de CCAA, el Estado desaparecería, ya que no dispondría de fondos para financiar sus funciones», aseguran.
Añaden que Ahora se ha dado en un paso más, y en una reunión bilateral celebrada el 14 de julio de 2025 entre los dos gobiernos, de España y de Cataluña, se ha acordado implantar de forma gradual dicho régimen, comenzando por el IRPF.
Esta situación transitoria, de implantar el régimen gradualmente, solo obedece a la imposibilidad material de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se haga cargo de la gestión y recaudación de todos los impuestos, comenzando por el IRPF en el año 2026.
Es importante advertr que los pasos que se están dando son el inicio del camino para llegar a la plena soberanía fiscal de Cataluña, pasos estos que van a ser irreversibles.
Según consta en el acuerdo al que se ha llegado, la Generalitat acepta, de momento, la coordinación con la AEAT y el trabajo de ambas Administraciones en red, porque no hay otro camino para hacerlo porque la ATC no dispone de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para ges8onar este impuesto.
La mentira de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía
Respecto de la generalización del régimen aprobado en dicha reunión, no es cierto lo que ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el régimen se pueda extender a todas las Comunidades Autónomas que lo soliciten.
Eso supondría dos consecuencias muy graves:
Primera. La desaparición de la AEAT, que quedaría troceada y repartida entre todas las CCAA.
Segunda. La desaparición del Estado, ya que no dispondría de los fondos necesarios para cumplir con sus funciones. tendríamos 17 Comunidades Autónomas con plena soberanía fiscal, que pagarían los gastos comunes del Estado. Pero las CC.AA. no pagarían el importe de las pensiones que cada año se financian con impuestos, ni los intereses de la deuda pública, ni los gastos destinados a servicios sociales -como el mínimo vital o las prestaciones por desempleo-, ni los ERTE, tan necesarios en determinadas ocasiones, como sucedió en la pandemia.