Los letrados de la Seguridad Social: el pacto Sánchez-PNV es el principio del fin de la igualdad prestacional en España

Los letrados de la Seguridad Social consideran que la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco supondría «el comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional».

En un comunicado, la asociación profesional del cuerpo superior de letrados de la administración de la Seguridad Social asegura que este proceso de transferencias «no puede quedar concretada en una comisión bilateral».

Previamente, añade, es necesario que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo delimite «los principios básicos a los que debe someterse el proceso» y lo aborde al margen de las cuestiones políticas y con el «imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados (político, social y técnico).

La asociación manifiesta su defensa de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema y se acoge al artículo 41 de la Constitución, que habla del acantonamiento del «régimen económico» de la Seguridad Social dentro de la competencia exclusiva del Estado.

Ello garantiza, añade, la unidad del sistema de la Seguridad Social, impidiendo diversas políticas territoriales en cada una de las comunidades autónomas.

La gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de la Seguridad Social debe quedar sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única.

Los letrados consideran que también deberían quedar inmersos en el conjunto del Estado el encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, el sistema de liquidación de cuotas, la recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus objetivos.

Asimismo, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación de planes nacionales de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, la representación y defensa ante los tribunales o el control de la potestad sancionadora deben permanecer en el Estado.

Su cesión a las autonomías, alertan, es «la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial».