Los supervisores del BCE en el Banco Popular, esta semana ante el juez Calama

Los coordinadores del equipo de supervisión del Banco Popular en el Banco Central Europeo (BCE) declararán a partir de este martes como testigos ante la Audiencia Nacional, en el marco de la causa que investiga las dos últimas gestiones de la entidad.

Según confirman fuentes jurídicas, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, tomará primero declaración a Ignacio Pardo, el mismo 14 de diciembre, mientras que dos días más tarde, el jueves 16, será el turno de Carlo Giorgis.

Ambos fueron citados el pasado 26 de octubre con el objetivo de que aporten «datos esenciales» para la investigación «habida cuenta el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Popular, su modelo de negocio y gobernanza».

También resulta relevante en materia de provisiones de activos dudosos, refinanciaciones y gestión de activos adjudicados, incluyendo las tasaciones de las garantías inmobiliarias, y de liquidez.

Para facilitar su intervención, el magistrado solicitó al BCE que suspendiera la inmunidad de los dos, como miembros del equipo de supervisión, y les autorizara a revelar aquella información obtenida durante el ejercicio de sus funciones.

«Después de más de cuatro años desde que se resolvió el banco, es difícil imaginar que su testimonio pueda dañar los intereses de la Unión Europea o del BCE», exponía.

Como recordaba el juez instructor, Pardo ya compareció ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investigó la crisis financiera.

Entonces, explicó que su participación en la supervisión del Popular se debió a «dos periodos distintos y en dos organismos diferentes».

El primero de ellos corresponde a su paso por el Banco de España, en el que formó parte de dicho equipo durante, aproximadamente, dos años y medio, desde el último trimestre de 2008 hasta el segundo trimestre de 2011.

Su segunda etapa fue en el Mecanismo Único de Supervisión, como empleado del BCE, desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2017, esto es, cuatro meses antes de la resolución del Popular.

Pardo reconoció ante la Comisión que el banco tenía problemas estructurales desde hace muchos años por su elevado volumen de activos problemáticos, bajos niveles de cobertura y de rentabilidad, que ponía en peligro su solvencia futura.

No obstante, eludió cualquier tipo de preguntas respecto a los últimos días de la entidad, en concreto, sobre el flujo de depósitos de las administraciones públicas o los detalles de la resolución, puesto que «ya no formaba parte del equipo conjunto de supervisión».

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos líneas de investigación, la primera, precisamente por la ampliación de capital en la etapa de Ron, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.