Los usuarios pagarán 1.818 millones de euros más en impuestos por servicios digitales y transacciones financieras

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de nuevos impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.818 millones de euros anuales y sentar las bases para la modernización del sistema tributario, que no es otra cosa que más carga fiscal para los ciudadanos.

Con sendos proyectos de ley, el Ejecutivo retoma la tramitación de estos nuevos tributos, que ya fueron aprobados en enero de 2019 y que decayeron ante la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que estos impuestos están en línea con los planteados a nivel internacional y que, de esta manera, «España se convierte en avanzadilla». Ningún otro país se ha atrevido a ponerlos en marcha en un momento de enfriamiento de la economía y en medio dela guerra arancelaria de Estados Unidos con la Unión Europea y China. Francia, por ejemplo, tiene suspendida la tasa Google por el miedo a las represalias estadounidenses.

Constituyen, además, «un primer paso» hacia un sistema fiscal «más justo, más redistributivo y más moderno», capaz de gravar nuevas actividades económicas para que contribuyan a sostener los servicios públicos y evitar, así, «competencias desleales» con los negocios tradicionales.

El impuesto indirecto sobre determinados impuestos digitales gravará con un 3 % los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Afectará únicamente a las empresas que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en España, y pretende recaudar 968 millones de euros, menos de los 1.200 millones inicialmente planteados debido a la «ralentización de la economía», ha detallado Montero.

El impuesto se liquidará trimestralmente, aunque el Gobierno ha diseñado una excepción para este año -cuando las liquidaciones del segundo y tercer trimestre no se realizarán hasta al menos el 20 de diciembre- con el objetivo de dar tiempo a la adaptación de las empresas y «margen» a la negociación internacional.

Esta medida, que la ministra ha enmarcado en las conversaciones en la OCDE y el G20 para el establecimiento de un nuevo impuesto digital a nivel global, está en línea con la adoptada por Francia, que ha dejado en suspenso el pago de su impuesto hasta diciembre para evitar represalias de los Estados Unidos.

En ese sentido, Montero ha defendido que las relaciones con los Estados Unidos son «fluidas» y que el país conocía la intención del Gobierno de poner en marcha este impuesto, al tiempo que ha circunscrito las medidas arancelarias puestas en marcha a la guerra comercial en materia aeronáutica.

En cualquier caso, la propia ley especifica que, en caso de alcanzarse un acuerdo internacional para la puesta en marcha de un tributo digital, la normativa española se adaptará.

Por lo que respecta al impuesto sobre las transacciones financieras, Montero ha explicado que gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, lo que excluye a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La liquidación del impuesto, que espera recaudar 850 millones de euros anuales, corresponderá a los intermediarios financieros y atañe a un sector «que durante la crisis recibió un importante apoyo» público, ha subrayado.

La ministra ha defendido que la puesta en marcha de estos tributos «de ninguna manera tendría que repercutir en el servicio final» que reciben los usuarios, y ha criticado que algunos «quieren asustar» siempre que emergen nuevos impuestos. Lo único que ocurre es que siempre que hay una subida de impuestos termina repercutiendo en el precio del producto, porque las empresas, como es lógico, luchan por su beneficio y no por ser recaudadoras de Hacienda.

Además determinados impuestos de esta naturaleza provocan la deslocalización de inversiones y empresas, y dejaría a la bolsa española aislada en la competencia con otros mercados que no cuentan con ese impuestos.

Desde INVERCO, Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones,  se advierte que la medida concluiría para los fondos de inversión con pérdidas de en torno al 7´4%. En un reciente informe, su presidente, Ángel Martínez-Aldama, asegura que se desincentivará la inversión en la renta variable española.

Eso sí, para la ministra de Hacienda, defensora a ultranza de los impuestos más altos posibles para los ciudadanos, «con la recaudación obtenida con estos tributos se gana «capacidad de gastar en pos de la igualdad de todos los ciudadanos» y equilibrar la necesidad de cumplir los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria con la «vocación decidida de este Gobierno de avanzar en justicia social», ha añadido.

Todas estas bonitas declaraciones no son nada más que palabrería, porque al final ese dinero, se despilfarrara en gasto público y en mantener 22 Ministerios y cuatro vicepresidencia, sin olvidar los cuantiosos fondos a ONG y asociaciones amigos y a los famosos cursos de formación para parados de los que darán buena cuenta los dos sindicatos más alineados con el Gobierno, CCOO y UGT.