Menos de una hectárea, la oferta de Sánchez para los nuevos jóvenes agricultores

Finanzas 14/09/2026

El pasado enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la Administración General del Estado pondría unas 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios para favorecer el relevo generacional en el campo a través de medidas como el desarrollo de una plataforma de movilización de tierras agrarias denominada «Tierra Joven». 

Pues bien. Parece que esta nueva promesa del todavía presidente del Gobierno ni tiene fondo ni tiene forma, aunque los españoles ya están curados de espanto de las promesas incumplidas de Sánchez en el pasado o de los ‘cambios de opinión’ que tuvo que hacer para mantenerse en Moncloa cuando pactó con Podemos, luego Sumar, los proetarras de Bildu o los independentistas catalanes de ERC o Junts.

Y es que el Estado no tiene tierras que repartir o al menos de un tamaño que permita a un agricultor o ganadero que su explotación sea económicamente rentable y con la que ganarse la vida.

El 76,4% de los inmuebles rústicos identificados como Patrimonio del Estado prometidos por Sánchez a los nuevos agricultores tiene menos de una hectárea

El 76,4 % de los inmuebles rústicos identificados como Patrimonio del Estado tiene menos de una hectárea, según un análisis difundido este lunes por la plataforma de compraventa y arrendamiento de fincas rústicas Cocampo. Menos de una hectárea equivale a menos de 10.000 metros cuadrados, que eso da, como mucho, para un huerto de subsistencia familiar donde plantar tres lechugas o cuatro tomates y espacio para unas cuantas gallinas. Nunca será posible en menos de 10.000 metros cuadrados una explotación agraria profesional.

A partir de la información pública disponible, la plataforma ha identificado 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran como Patrimonio del Estado.

De estos últimos, el 76,4 % tiene menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y 40 igualan o superan las 30 hectáreas, según Cocampo, que ha asegurado que la información pública no permite determinar el tipo de propiedad (agrícola, forestal, de pastos o improductiva) o las condiciones para su explotación.

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