La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP -algo lógico teniendo en cuenta que el PP gobierna en todas las afectadas, menos en Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña- no hay «ningún agravio» entre regiones.
Pero en realidad esa condonación de deuda, fruto del pacto de Sánchez con los separatistas de ERC para prorrogar su estancia en la Moncloa y nombrar a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Cataluña, solo beneficia a los que con cumplen con sus compromisos de deuda y perjudica a aquellos ciudadanos de las autonomías que han tenido disciplina fiscal. La deuda no desaparece por condonarla, sino simplemente se traspasa al Estado y la deuda pública la pagan todos los contribuyentes españoles con sus impuestos.
Pese a lo que diga Montero, los que salen perdiendo son todos los ciudadanos españoles que tendrá que asumir con su dinero la deuda de las autonomías que han gastado por encima de sus posibilidad, como es el caso de Cataluña
En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley con dicha condonación parcial, Montero ha pedido una reflexión a los ‘populares’ para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita.
Y «si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie», ha dicho la vicepresidenta.
Montero ha insistido en que la condonación parcial beneficia «al conjunto» de las comunidades autónomas y no supone «ningún agravio comparativo» de unas sobre otras, y ha recordado que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Valencia y Canarias, todas ellas gobernadas por el PP.