La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el acuerdo con Junts, partido que lidera el prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont, para lo que ella denomina las medidas sociales cuyo principal objetivo no es otro que la protección de ‘okupas’, como le reclama Sumar y Podemos al Gobierno de Sánchez., «parece que puede estar ya más cercano».
En declaraciones a los periodistas en Huelva, la candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía ha señalado que «este mismo escudo social contó con el apoyo de Junts y del Partido Popular el año pasado», por lo que las críticas que recibe en esta ocasión «no tienen ninguna comparación con lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados el año pasado».
Ha dicho que «hasta el último minuto» el Gobierno intenta alcanzar acuerdos y alianzas que «permitan impulsar las iniciativas legislativas que tenemos en este momento en tránsito», lo que se ha traducido en la aprobación de 52 iniciativas.
La principal diferencia entre el Gobierno y la extrema izquierda y la oposición es que el ‘escudo social’ da vía libre para que los ‘okupas’ permanezcan por tiempo indefinido sin pagar en una vivienda privada con el grave perjuicio que esta situación ocasiona a sus propietarios
«Pero es muy importante para nosotros no solo que se apruebe el decreto de pensiones, que como ustedes saben se separó del resto del escudo social, sino también que se apruebe el escudo social», ha señalado Montero, quien ha añadido que no son ciertas las acusaciones de que el Gobierno está protegiendo a los okupas.
Según la vicepresidenta, el Gobierno está protegiendo a la población «vulnerable», de forma que en el ánimo de todos los ciudadanos está que las personas que tienen menos oportunidades, que son más vulnerables, cuenten con mayor apoyo de las políticas públicas. Eso sí, la candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía, no explica que el Gobierno quiere proteger a los ‘más vulnerables’ con recursos privados de ciudadanos y con dinero público, que prefiere gasta en pagar la cuantiosa y numerosa nómina de sus miles de asesores o gratificar con ese dinero a territorios ricos como el País Vasco o Cataluña, comprando los votos de nacionalistas e independistas a base de talonario con los impuestos de todos los españoles.
«Esto es lo que estamos haciendo y, por tanto, confío en poder convalidar ese decreto ley, pero si no podemos convalidarlo, seguiremos intentándolo. Nosotros, en esto, hasta el último minuto, intentamos el consenso», ha apuntado. María Jesíus Montero, sin embargo, confunde la palabra «consenso» con la de «cesión» en todos los ámbitos para poder aprobar algún que otro decreto entre los muchos que rechaza el Congreso de los Diputados.
