Moody’s avisa a España que puede perder su nota de deuda pública por revalorizar las pensiones al IPC
La agencia de calificación Moody’s ha avisado a España de que si no aborda con nuevas medidas por el aumento del gasto público en pensiones el riesgo crediticio del país podría incrementarse a finales de esta década, lo que presionaría la calificación a la baja de la deuda pública. Esto significará que España tendría que pagar una prima de riesgo mayor para colocar sus emisiones, es decir, que le saldría más caro financiarse en contexto de tipos de interés al alza.
Moody’s destaca en su último informe sobre España que pese a que existen «tendencias positivas», el país se enfrenta a un envejecimiento de la población más rápido que en el resto de Europa, lo que conducirá a un aumento significativo del gasto en pensiones que podría ampliar el déficit de la Seguridad Social al 1,4 % del PIB en 2030 y al 3,2 % en 2040.
A juicio de la agencia, las medidas por el lado de los ingresos tienen un impacto limitado, mientras que «el ahorro de gastos puede ser efectivo y es probable que se acabe llevando a cabo dado el tamaño del déficit esperado del sistema de Seguridad Social».
La deuda pública que genera las pensiones no será compensada con los nuevos ingresos previstos por la Seguridad Social
La agencia considera que el aumento de los ingresos previsto en la reforma de pensiones del Gobierno se quedará pequeño en comparación con el aumento del gasto que provocará la decisión de volver a vincular la revalorización anual de las pensiones con la inflación.
En ausencia de medidas adicionales, Moody’s calcula que el gasto de la Seguridad Social aumentará hasta alrededor del 15 % del PIB a finales de esta década, frente al 12% actual, y al 16,8 % en 2040. Para pagar ese gasto la deuda pública española crecerá y su nota bajará.
El gasto en pensiones supera ya los 12.000 millones de euros mensuales, casi el 12% del PIB
La nómina de las pensiones aumentó levemente en agosto, hasta los 12.039,2 millones de euros, lo que equivale al 11,8 % del PIB, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En total se abonaron 10,06 millones de pensiones contributivas a más de 9 millones de pensionistas, de las cuales casi tres cuartas partes se destinaron a pensiones de jubilación (72,9 %), es decir, 8.778,1 millones.
A las pensiones de viudedad se destinaron 2.006,3 millones y a las de incapacidad permanente se asignaron 1.059 millones; a las de orfandad, 163,9 millones, y a las prestaciones a familiares, 31,8 millones.
La pensión media, que comprende las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, ascendió a 1.195,7 euros mensuales.