Mutua Madrileña se suma a las empresas investigadas por contratar a Villarejo cuando era policía en activo

Mutua Madrileña se suma a las empresas investigadas por contratar a Villarejo cuando era policía en activo

30 diciembre, 2019
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Actualizado: 30 diciembre, 2019 18:40
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Poco a poco la lista de empresas investigadas por contratar al ahora excomisario Villarejo cuando era policía en activo va en aumento. Al BBVA, Iberdrola y Repsol se suma ahora la Mutua Madrileña, la tercera aseguradora española, que contrató supuestamente al funcionario policial para espiar a sus propios directivos.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento, «los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que lideran la llamada operación Tándem han descubierto que el agente encubierto trabajó de forma presuntamente irregular para Mutua Madrileña, tercera aseguradora de España. El instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, ha decidido abrir una pieza separada para investigar en secreto el contenido de estos encargos ante la acumulación de indicios que cuestionan su legalidad».

El mismo medio señala que «las pruebas de la relación de Mutua Madrileña con Villarejo han aparecido entre la documentación incautada al comisario en los registros de sus viviendas y oficinas en noviembre de 2017. Las primeras pistan apuntan a que la compañía, que el pasado año ingresó 5.270 millones de euros solo en concepto de primas, contrató al agente para que rastreara la solvencia o lealtad de al menos tres directivos de la propia aseguradora. La firma había recibido información comprometedora sobre ellos y pidió a Villarejo que los espiara. Ninguno de estos empleados trabaja ya en la empresa, precisan fuentes próximas al caso».

Si ben investigar a directivos de la propia compañía no tiene por qué ser ilegal, la Fiscalía sostiene, sin embargo, matiza El Confidencial, que, «cuando Villarejo efectuó esas indagaciones para Mutua Madrileña, en torno al ejercicio 2012, este aún tenía la condición de funcionario en activo de la Policía Nacional y, por tanto, no podía recibir dinero de una empresa privada. No abandonó el cuerpo hasta el verano de 2016, por lo que este episodio podría ser constitutivo de un delito de cohecho».

A todo esto hay que unir, según el mismo medio, que «además, el Ministerio Público sospecha que el comisario empleó métodos poco ortodoxos para obtener información sobre esos tres trabajadores, otro elemento que podría conllevar una imputación adicional por un delito de revelación de secretos, como ya ha ocurrido en otras piezas separadas de Tándem».

Esas acusaciones están basadas en tres facturas emitidas por Villarejo a Mutua Madrileña en 2012, que ya figuran en el sumario de la causa. Según publicó El Independiente, suman 16.000 euros más IVA y llevan el nombre de Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), una de las mercantiles que integraban el grupo empresarial del agente encubierto. En el concepto de estas facturas solo aparecen tres palabras, “Estudios solvencia patrimonial”, que aparentemente no guardan relación con el espionaje a tres directivos, apunta El Confidencial.

Si bien investigar a directivos de una compañía no tiene porque ser ilegal, si lo es la contratación de un funcionario público, en este caso a un comisario de Policía en activo, como era José Manuel Villarejo

No obstante, las fuentes consultadas por dicho medio digital, aseguran que «el importe total abonado por Mutua Madrileña a Villarejo superaría los 16.000 euros. También indican que el comisario habría prestado otros servicios para la aseguradora, como el análisis de supuestos fraudes en pólizas. Pese a todo, Mutua Madrileña asegura a preguntas de este diario que los trabajos del comisario se limitaron a «un estudio de solvencia patrimonial enmarcado en un litigio que mantenia abierto entonces la compañía”.

La aseguradora, presidida por Ignacio Garralda desde 2008, se suma de esta forma a otras grandes corporaciones que también están en el foco de la Audiencia Nacional por contratar a Villarejo. La última pieza abierta por el juez García Castellón, la número 21, según El Confidencial, afecta a Repsol y Caixabank, que presuntamente abonaron al comisario unos 300.000 euros mediante facturas falsas para que investigara el intento de Luis del Rivero de tomar el control de la petrolera española en 2011 con la ayuda de la mexicana Pemex.

El mismo medio recuerda que el pasado octubre, «fue el turno de Iberdrola, en el centro de otra pieza separa por recurrir al policía en 2004 para tratar de desbloquear la construcción de su central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz). La primera eléctrica de España siguió haciendo encargos a Villarejo hasta 2017, entre ellos, un espionaje al expresidente de Endesa Manuel Pizarro y otro al actual presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez».

El Confidencial asegura que numerosas grabaciones y documentos señalan directamente al actual presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y cuestionan la actuación de sus sistemas internos de control, liderados por el actual secretario general del Consejo, Julián Martínez-Simancas.

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