Ocho países de la UE se niegan en rotundo a relajar las normas fiscales como pide España

Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia y República Checa han pedido no vincular la revisión de las normas de control del déficit y deuda a su reactivación, prevista ahora para 2023, y advierten de que la base de las reglas debe seguir siendo la sostenibilidad fiscal. Este enfoque choca con las demandas de países como España, que no cumple muchos de esos criterios, especialmente el del déficit, que defienden que las normas se reformen antes de volver a aplicarlas.

Estos ocho países, tradicionales defensores de la rigidez y la ortodoxia en lo que la disciplina presupuestaria se refiere, se muestran abiertos a debatir cambios en estas reglas siempre que no peligre la sostenibilidad y avisan de que la discusión será larga.

Así lo han transmitido a sus socios en un documento al que ha tenido acceso Efe y que fue preparado para la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, que este sábado tendrán en Eslovenia un primer debate general sobre la consolidación fiscal necesaria para rebajar los ratios de déficit y deuda desbocados por la pandemia y la reforma de las normas que marcarán el paso.

En el mismo aseguran que están «abiertos a debatir mejoras» de las normas, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular «simplificaciones y adaptaciones que favorezcan una aplicación coherente, transparente y mejor de las reglas, pero solo si las nuevas propuestas no ponen en peligro la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros, la eurozona y la UE en su conjunto».

«La sostenibilidad fiscal combinada con reformas que apoyen el crecimiento económico deben seguir siendo la base del marco económico y fiscal común de la UE», afirman estos países.

Inciden en que la reducción de la deuda pública, que pasará el 79 % del PIB en 2019 al 94 % previsto a finales de 2021 debido a la pandemia, «debe seguir siendo un objetivo común» y recuerdan que los tratados exigen «evitar y corregir los déficits excesivos».

En cuanto al calendario, consideran que «no deberían vincularse» a una «posible reforma» de las normas con el retorno a su aplicación, cuando se desactive la cláusula de salvaguarda que las dejó en suspenso.

El debate, señalan, necesitará «amplio tiempo» y basarse en «amplias consultas con la Comisión Europea». «La calidad es más importante que la velocidad», concluyen.

Este enfoque choca con las demandas de países como España, que defienden que las normas se reformen antes de volver a aplicarlas.

Varios países abogan porque las nuevas reglas tengan en cuenta la situación fiscal tras la pandemia, así como las ingentes necesidades de inversión pública que requerirá la transición ecológica con que se ha comprometido la UE.

Los ministros debatirán mañana sobre la base de un informe preparado por el centro de estudios Bruegel que aboga por introducir una «regla de oro» para la inversión verde, que permita excluirlas del cómputo del déficit y la deuda a efectos de las normas, así como por aplicar las reglas con la flexibilidad que la Comisión viene mostrando hasta ahora, sin necesidad de relajar más las sendas de reducción de déficit.