Ocho sindicatos de funcionarios y resto de empleados públicos, entre los que no se encuentran ni CCOO ni UGT, ambos afines a la política del Gobierno de Sánchez, anuncian acciones conjuntas para reclamar la recuperación íntegra del recorte de 2010 de la paga extraordinaria, una medida que afecta a 2,9 millones de funcionarios decretada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy imputado por numerosos delitos, y que se ha prolongado a lo largo del tiempo pese a su carácter excepcional.
Sindicatos médicos (CESM, SMA, SME), de funcionarios de prisiones (TAMPM), inspectores de Educación (USIE), docentes (ANPE), policía (SUP) y altos funcionarios (FEDECA) se han unido en una «plataforma transversal» para exigir al Gobierno la vuelta al modelo retributivo previo a 2010.
«No hablamos de un aumento retributivo, no queremos que se nos pague más. Queremos recuperar algo que se nos quitó», afirmó el presidente de CESM, Miguel Lázaro, en rueda de prensa.
Recorte de sueldos de Zapatero a los funcionarios
El recorte a funcionarios, adoptado como medida excepcional en plena crisis económica cuando gobernaba el socialista José Luís Rodríguez Zapatero, ahora imputado por numerosos delitos, afecta a los grupos A1, A2, B, C1 y C2 del funcionariado, según han indicado los portavoces en rueda de prensa.
Los sindicatos reclaman además que el Ministerio de Hacienda cuantifique oficialmente la deuda salarial acumulada desde 2010, que fuentes sindicales cifran de forma no oficial en torno a 30.000 millones de euros para el conjunto de los empleados públicos.
«Lo que queremos es que se recupere una decisión que se tomó hace 16 años, cuando todo el mundo sabe que en España en 2014 se dio por cerrada la crisis», señaló Lázaro.
La plataforma anunció el envío de cartas al presidente del Gobierno, a los ministerios implicados y a todos los partidos con representación parlamentaria, y avanzó movilizaciones conjuntas cuyas fechas están aún por cerrar.
Los sindicatos vinculan su reivindicación a la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que piden a los grupos parlamentarios una postura común sobre esta cuestión.
