Cuando hace un año, BBVA lanzó una opa sobre el Banco Sabadell nunca imaginó ni que un años después no estaría resuelta y mucho menos todo el ruido mediático que levantado. Con el visto bueno de la CNMC y el «no se pone del BCE, es ahora el Ministerio de Economía que analizará esta semana la información recabada en la consulta sobre la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Sabadell para decidir antes del 27 de mayo si eleva esta cuestión al Consejo de Ministro o si es el mismo el que emite una resolución.
El pasado viernes concluyó la consulta popular, inédita en una operación empresarial y no vinculante para Sánchez, pero secreta para el Ministerio de Economía, abierta desde la tarde del martes 6 de mayo para que cualquier persona, organización, asociación y agentes económicos que creyeran verse afectados por la operación -en la que el BBVA podría llegar a tomar el control del Sabadell- trasladaran sus preocupaciones rellenando un cuestionario.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que la consulta «no es un referéndum» sobre la operación, en el que haya que votar sí o no a la opa, sino una forma de recabar la opinión de terceros para que el Gobierno pueda tomar una decisión sobre este asunto.
La consulta de la opa del BBVA al Sabadell es no vinculante y ha podido participar todo el mundo, tenga o no relación con los dos bancos, con sus accionistas o los sectores financieros y empresariales
La información recabada en este proceso no resulta vinculante, pero servirá al Ejecutivo para contar con la valoración más completa posible, lo que algunos interpretan como una vía para que el que Gobierno se arme de razones ajenas a cuestiones de competencia para intervenir y complicar la opa del BBVA al Sabadell.
El Ministerio de Economía han mantenido durante este ‘consulta popular’ que la participación fue muy alta desde los primeros días y, gracias a herramientas de inteligencia artificial, se han ido depurando los datos para evitar suplantaciones de identidad o aportaciones que nada tienen que ver con esta cuestión.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, aprobó a finales de abril con condiciones la posible compra del Sabadell por el BBVA, y la CNMV no pondrá problemas cuando el Ejecutivo dé a concoer su decisión. Por último, si por fin la opa llega al mercado, decidirán los que deben decidir: los accionistas de la entidad catalana acaben aceptando o rechazando la oferta del banco vasco.
Razones de «interés general» para impedir la opa del BBVA, el principal motivo esgrimido principalmente por empresarios, asociaciones y todo tipo de organizaciones catalanas
El Gobierno no puede impedir la opa, pero tiene la opción de endurecer las condiciones de la operación impuestas por la CNMC con otras razones ajenas a la competencia, lo que le llevó a abrir la consulta pública, un formulario a rellenar por quien considere que en la opa del BBVA al Sabadell existen criterios de interés general.
En ese caso se daba elegir cuáles serían entre diferentes opciones: defensa y seguridad nacional; protección de la salud pública; libre circulación de bienes y servicios; protección del medio ambiente; promoción de la investigación tecnológica; garantía de mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; y otros.
Si se optaba por «otros», el participante tenía la opción de exponerlo en un máximo de 2.000 caracteres. El formulario también permitía plantear propuestas para proteger esos criterios de interés general en un máximo de otros 2.000 caracteres.
El Banco Sabadell dejó claro desde un primer momento que participaría en la consulta, como también lo harían sindicatos, asociaciones empresariales y de consumidores. No obstante, algunos de ellos optaron por otras fórmulas alternativas al formulario para trasladar sus preocupaciones.
Ese fue el caso de los empresarios catalanes que enviaron directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una misiva en la que recogían «poderosas razones de interés general», hasta cinco motivos distintos, que justificarían la intervención del Ejecutivo.
Pedían evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero; preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión; prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas bancarias; promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios; y garantizar la cohesión social y territorial.
Empleo y cierre de sucursales
Los sindicatos, tanto CCOO como UGT, trasladaron a Economía su rechazo a la opa a través de un escrito, que se acompañaba de un análisis elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid que cifraba una pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos, así como el cierre de entre 589 y 883 sucursales.
Hasta el momento el BBVA no ha dado ninguna cifra del impacto que la operación tendría sobre el empleo, aunque ha dado a entender que en ningún caso sería en proporciones como fusiones anteriores, ya que tanto el Sabadell como el propio BBVA han llevado a cabo recortes de plantilla recientemente con el visto bueno de los sindicatos.
En cuanto a las oficinas, el BBVA desveló desde el principio que su plan se limita al cierre de 300 oficinas y ante la CNMC se comprometió a clausurar solo las que estuvieran como máximo a 300 metros de distancia.
