¿Cómo se pude llevar un decreto de vivienda al Congreso de los Diputados sabiendo a ciencia cierta que va a ser rechazado? Pero eso es una nimiedad para la ultraizquierda. Qué más da lo que diga la Cámara donde reside la soberanía popular si los únicos en posición de detentar la verdad son ellos, que se erigen en «voz del pueblo», aunque luego en las elecciones, lejos de sacar mayorías que reflejen esa afirmación, se hunde en unas minorías de fracasos estrepitosos. El decreto de hoy de prórroga de alquileres ha sido el más efímero de la democracia: solo 16 horas en vigor desde que se publicó en el BOE ayer jueves, ni un día de duración.
El pleno del Congreso ha derogado este viernes, con 166 votos a favor y 184 en contra, el decreto que introducía en España la renovación automática de los contratos de alquiler y que ha estado en vigor apenas dieciséis horas.
Toda la ultraizquierda del Congreso vota con Sánchez a favor
Este decreto solo tenía a favor desde un principio a la ultraizquierda. Defendido por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han votado a favor el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG, mientras en contra lo han hecho el PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC.
Durante el debate, Bustinduy ha acusado al bloque del ‘no’ defender el interés de una «oligarquía rentista» y de dar «la espalda al pueblo».
«Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña», pero «votar no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo, y yo les digo que no están calibrando lo que están haciendo», ha dicho, en alusión también al otro decreto de vivienda debatido previamente.
El ministro ha pedido a los diputados críticos, a los que ha tachado de «vendepatrias», que revelen públicamente con quién se han reunido y quién les ha llamado en las últimas semanas, y ha denunciado de nuevo una campaña del miedo por parte de los lobbies inmobiliarios.
Contra la seguridad jurídica en la vivienda y en la propiedad privada
En nombre del PP Sergio Sayas ha acusado al Ejecutivo de tratar de «cargarse la seguridad jurídica» y de enfrentar a «inquilinos con propietarios y al mercado con regulación» como si pudieran subsistir los unos sin los otros.
Para los populares, este texto «va contra la libertad, la propiedad privada y, sobre todo, ataca a los vulnerables y a las clases medias, porque no van a poder alquilar un piso si se aprobara».
En contra de las medidas también se ha pronunciado Vox, cuyo diputado José María Figaredo ha criticado que el Gobierno esté centrando sus actuaciones en los «fondos buitre,» cuando son una «parte mínima del alquiler».
Para Maribel Vaquero (PNV), este segundo texto «no es equilibrado ni proporcional» y genera «más problemas» de los que pretende resolver; en tanto que Cristina Valido (CC) ha animado al Ejecutivo a que, si este es el modelo que defiende, se planteé como proyecto de ley y se constituya una ponencia para debatirlo.
Por su parte, Alberto Catalán (UPN) ha urgido al Gobierno a convocar elecciones y le ha llamado «carroñero».
A pesar de la disparidad en el sentido de voto, el resto de grupos parlamentarios ha defendido que la crisis de vivienda en España requiere de más soluciones de las que se han planteado hasta la fecha.
Del lado del ‘sí’, Néstor Rego (BNG) y Oskar Matute (Bildu) han coincidido en que tanto este segundo real decreto-ley como el primero son un buen punto de partida, aunque hay que continuar trabajando.
Mientras que Águeda Micó (Compromís) y Etna Estrems (ERC) se han dirigido directamente a Junts y a su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, a los que han reprochado que se hayan convertido -según Micó- en «enemigo de los más vulnerables».
16 horas en vigor
El decreto que ha defendido Bustinduy ha tenido efecto apenas dieciséis horas, ya que ha entrado en vigor hoy a las 00.00 horas, tras su publicación la vísperA en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.
Se trata de una medida reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años.
