PSOE-Podemos asumen todas las peticiones económicas de CCOO-UGT

PSOE y Unidas Podemos han acordado revertir las principales políticas económicas del PP y derogar la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013, con el compromiso de recuperar con urgencia la prioridad del convenio sectorial y la vigencia indefinida de los convenios (ultractividad).

El acuerdo para un Gobierno de coalición presentado este lunes incluye también como urgente la derogación del despido por bajas reincidentes en un periodo de tiempo determinado, que recientemente ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.

En materia fiscal, el texto es un calco de lo pactado hace poco más de un año para los fallidos Presupuestos de 2019, con la subida del IRPF a rentas más altas y el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, mientras que no aclara nada sobre la subida del salario mínimo para 2020, que deja en manos del acuerdo con los agentes sociales (patronal y sindicatos).

Dar de nuevo prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa ha sido una cuestión polémica dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, que impidió en la anterior Legislatura avanzar en la derogación de la reforma laboral, también contemplada en el pacto PSOE-Podemos para los Presupuestos de 2019, aunque entonces solo se hacía referencia a revertir los aspectos más lesivos.

El texto del acuerdo difundido hoy sugiere que se derogará toda la reforma laboral y que se recuperarán los derechos laborales «arrebatados», aunque no se especifica nada en torno a la flexibilización y el abaratamiento del despido que constituyó el núcleo duro de la reforma de 2012.

Sí se especifica que se impedirá que decaigan los convenios colectivos, aunque haya expirado su fecha de vigencia, después de que en 2012 se limitara esa ultraactividad a un año.

Además, el acuerdo habla de limitar la inaplicación de los convenios para que solo sea posible el descuelgue salarial vinculado a causas económicas «graves», de establecer la contratación indefinida como forma ordinaria de acceso al empleo y de limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa.

Se impulsará una reforma de la Seguridad Social en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, eliminando la reforma de 2013, que quedó en suspenso en 2018 en virtud del acuerdo PP-PNV para los presupuestos de aquel año.

Aquella reforma introdujo el índice de revalorización de las pensiones con una subida mínima anual del 0,25 % mientras el sistema estuviera en déficit, que fue aplicada durante cuatro años, y el factor de sostenibilidad que ajusta la cuantía de la pensión inicial a la esperanza de vida estimada, que nunca se ha llevado a la práctica.

Para una fiscalidad más progresiva se recuperan las medidas de los Presupuestos de 2019, con una subida de 2 puntos (al 47 %) del IRPF para rentas de más de 130.000 euros y de 4 puntos (al 49 %) a las de más de 300.000, así como un alza de 4 puntos (al 27 %) a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros anuales.

También se recoge el tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas y del 18 % para la banca y empresas de hidrocarburos, la rebaja del tipo al 23 % para empresas con facturación inferior a 1 millón de euros y la reducción del 100 % al 95 % de la exención sobre dividendos y plusvalías por la participación en otras sociedades.

El pacto recupera otros puntos del acuerdo para los Presupuestos de 2019 que tampoco se impulsaron en la anterior legislatura, como poner techo a las subidas abusivas del precio del alquiler en «zonas tensionadas» o reformar el mercado eléctrico para acabar con los denominados «beneficios caídos del cielo».

Se trata de la sobrerretribución que han consolidado las compañías, a las que se les sigue pagando por inversiones ya amortizadas y con igual precio para las energías baratas que para las caras.