PSOE y Unidas Podemos han propuesto, en materia de lucha contra el fraude, las enmiendas que regulan el acceso de la Administración a información sobre titularidades reales, liberan a los asesores fiscales protegidos por el secreto profesional de informar de su condición a otros intermediarios de mecanismos transfronterizos de planificación y facilitan el acceso a información necesaria para intercambiarla en el seno de la OCDE.

Esta propuesta, que ya fue avanzada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, está recogida en una de las doce enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno al proyecto de Ley que transpone la directiva 2021/514, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas, la de regular la figura de la «autoliquidación rectificativa», que permitirá modificar las declaraciones de impuestos que se encuentren en plazo a través de los programas de ayuda existentes, lo que agilizará la corrección de los errores.

La enmienda explica que la autoliquidación rectificativa será una figura única que sustituirá al actual sistema dual -de autoliquidación complementaria y solicitud de rectificación- y que permitirá rectificar, completar o modificar la liquidación ya presentada con independencia de su resultado.

La autoliquidación se presentará por la misma vía que la liquidación original, incluidos los programas de ayuda, por lo que no será necesario aportar documentación adicional y se agilizará el proceso de corrección de errores.

De hecho, la autoliquidación rectificativa se integrará en el modelo ordinario de gestión, lo que facilitará, por ejemplo, recibir las devoluciones a las que se tuviera derecho sin pasar por actuaciones formales de comprobación salvo en casos excepcionales.

La enmienda precisa que la nueva figura se introducirá en el sistema tributario de manera «paulatina», sin avanzar cual será el primer impuesto para el que estará disponible.

PSOE y Unidas Podemos también han registrado enmiendas para permitir a la Agencia Tributaria examinar la contabilidad mercantil de las empresas y establecer que cederá información a los responsables del Plan de Recuperación en el marco del análisis de conflicto de interés.

También se propone que los procedimientos de declaración de responsabilidad correspondan al órgano de recaudación para resolver las «ineficiencias» de que esas competencias estén compartidas con el órgano de liquidación.

Además de las doce enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de ley ha recibido cuatro enmiendas del PP, una de ERC y una de PDeCAT.