La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aprovechado su intervención este jueves en el Congreso para hacer un «llamamiento a la movilización de toda la gente que cree en el derecho a la vivienda» para que, igual que ayer se manifestó en las calles, también «se manifieste en las urnas el 29 de noviembre». Isabel Rodríguez es la ministra cómplice, aunque está todo el Gobierno de PSOE-Sumar de Sánchez implicado, en la peor crisis de la vivienda que vive España en toda su historia moderna. Precios disparados en compra y alquiler, falta de oferta para cubrir la demanda, salarios bajos que no ni para firmar una hipoteca ni para pagar un alquiler, y aún así, tras ocho años de despropósitos en materia de vivienda, pide el voto porque el PSOE va a arreglar el problema de la vivienda. El mundo visto bajo la óptica de Sánchez al revés.
«El derecho de la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas», ha dicho la ministra, tras apuntar que sus políticas y los decretos que hoy se debaten en la cámara también «benefician a votantes de la derecha y la ultraderecha». En realidad, no benefician a nadie. A corto plazo, puede a que los que estén ahora mismo en alquiler, pero cierra las puertas a los que quieren acceder a una vivienda y a los que están ahora en alquiler y quieren cambiar de casa.
Después de ocho años gobernador y causar la mayor crisis de la vivienda de la España de la democracia, Rodríguez dice que el Ejecutivo pretende aumentar la oferta de vivienda asequible y frenar la especulación
Pero la ministra Rodríguez a lo suyo. En su intervención para exponer el decreto con el que el Ejecutivo pretende aumentar la oferta de vivienda asequible y frenar la especulación, Rodríguez ha tenido palabras de reconocimiento a todos los organizadores de la movilización social de ayer y de «rechazo a quienes han atacado el derecho a la huelga y han insultado a los sindicatos por ejercer un derecho constitucional».
También ha hecho hincapié en que, si gobiernan el PP y VOX tras el 29N, la política de vivienda sufrirá una «profunda involución democrática» y volverá a ser «la misma que en 1996, la del pelotazo y la desprotección ciudadana».
A su juicio, el PP y Vox -a los que se ha referido como los que defendieron a Urbagestion cuando estaba desahuciando a Maricarmen», quieren volver a las «fórmulas de siempre» y a un «modelo fallido basado en la especulación», que permite que «donde había un piso que haya dos, para que unos ganen el doble y otros paguen el doble».
Un modelo -ha continuado- en el que los pisos protegidos «se venden a los fondos buitres a precio de saldo» y en que los caseros pueden subir el alquiler un 30 %.
Sumar, cómplice del PSOE en el Gobierno de Sánchez responsable de la crisis
Igual que ha hecho poco antes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, el partido cómplice del PSOE en el Gobierno de Sánchez responsable de la crisis de la vivienda, en la defensa del decreto de renovación automática de los alquileres, Rodríguez ha dirigido su discurso al PP y Vox, a los que también ha reprochado que en los apartados de vivienda de sus programas electorales no recojan la palabra derecho «ni una vez, porque no creen en el derecho a la vivienda y solo se amparan en el derecho a la propiedad».
A ese respeto ha subrayado que tanto la derecha en el Parlamento Europeo como el papa y los obispos «sí creen en el derecho a la vivienda».
En la explicación del decreto que hoy se vota y que previsiblemente se convalidará con los votos en contra del PP, Vox y Junts, la ministra ha recordado que recoge multitud de medidas «trabajadas» por el ministerio y los grupos parlamentarios durante los últimos años.
Entre ellas, destacan la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.
El decreto también establece límites a determinadas compras especulativas de vivienda, un IVA del 10 % para los pisos turísticos, un IVA del 4 % para la vivienda protegida, beneficios fiscales para inquilinos y caseros y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca.
