El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que, a la espera de las negociaciones para conseguir aprobar unos nuevos presupuestos, se siente «muy cómodo» con los que en la actualidad tiene España, que son del año 2023. En septiembre de 2024, su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, opinaba de otra forma.
En marzo de 2018, el líder socialista manifestaba que «si Rajoy no aprueba los Presupuestos Generales, la principal ley del Gobierno, y no anticipa las elecciones, yo le exigiré que, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad institucional, se someta a una cuestión de confianza». Ahora Sánchez, que perdió las elecciones de 2023, pero que gobierno en España, se niega a someterse a una cuestión de confianza planteada por Puigdemont y no tiene problemas en seguir en Moncloa con las mismas cuentas por tercer año consecutivo.
Sánchez se ha referido a la negociación presupuestaria en una entrevista en la CNBC con motivo de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.
Ante las dificultades para negociar debido a la existencia de un Parlamento fragmentado, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que eso no es malo porque es lo que han elegido los ciudadanos.
El actual presupuesto que hay en España está prorrogado desde 2023 cuando en 2018 Sánchez exigió a Rajoy su dimisión si no aprobaba los de ese año
Además, ha puesto en valor la paz social que hay en España y el diálogo que está llevando a cabo el Gobierno con formaciones políticas distintas.
Preguntado por lo que pasaría en caso de no poder aprobar unos nuevos presupuestos en el primer trimestre de este año, Sánchez ha recordado que el actual presupuesto que hay en España, prorrogado desde 2023, fue hecho por su Ejecutivo.
«Me siento muy cómodo con este presupuesto», ha recalcado el presidente del Gobierno.
Sánchez ha resaltado el crecimiento económico de España, el hecho de que en 2024 el déficit público vaya a ser del 3 % y el objetivo de acabar 2027 con una deuda pública inferior al 100 %.
Cree que eso es consecuencia de una política que ha combinado contribución al empleo, reformas estructurales y consolidación fiscal.
