La gran movilización nacional de 200.000 millones de Sánchez es a base de crédito, sin ningún estímulo fiscal

El Gobierno ha aprobado este martes un decreto-ley con una vigencia inicial de un mes con el que prevé movilizar 200.000 millones de euros (20 % del PIB), todo ello a base de avales y de créditos, sin estímulos fiscales, para mitigar la crisis económica que se avecina, consecuencia del impacto que sobre la actividad está teniendo el confinamiento de la población derivado del estado de alarma, decretado para frenar la epidemia de coronavirus.

De ese dinero, Sánchez espera que 83.000 millones de euros los ponga en el mercado a base de créditos el sector privado, es decir, las entidades financieras, negocio para la banca. Pero, del resto, no se dice nada, excepto que es la mayor ‘movilización económica de la democracia’.

Desde el Gobierno se insiste en que se trata de un esfuerzo inédito, que implicará movilizar 117.000 millones de recursos públicos y 83.000 millones, privados, dejando para la fase de recuperación los estímulos fiscales que ahora cree que no se requieren. Es decir, que toda ayuda que recibirán las empresas y autónomos para mantener el empleo será en forma de crédito, un crédito, por cierto, al que no podrán hacer frente sino tienen ingresos, como suele suceder cuando se para la producción de un negocio.

La mayor parte de la aportación pública se dedicará a mantener la liquidez de las empresas, que contarán con avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros para poder seguir accediendo al crédito bancario, aunque tengan paralizada su actividad mientras dure la crisis sanitaria. Solo avales, dinero encima de la mesa, nada de nada, ni un céntimo. Parece más encaminado a que las empresas sigan haciendo frente a sus obligaciones tributarias antes de que mantener el empleo y lograr su supervivencia.

Aún así, desde el Gobierno se insiste que el objetivo es el mantenimiento del tejido productivo, que las empresas salgan adelante y que el empleo se preserve durante el parón de la actividad, para que la economía solo pase por un breve periodo de recesión, al que siga una fase de recuperación y no de estancamiento. Y aquí se vuelve a lo mismo. Si una empresa recibe un crédito o un aval, que por cierto, no se ha dicho en que condiciones tendrá que devolver, que pasará en el caso de que no tenga ingresos para devolverlo porque tiene parada su producción, obligada por el estado de alerta, como puede ser todo el sector textil, de restauración o turismo, o parado por otras circunstancias, como puede ser el de la automoción o construcción o el de otras actividades que han parado los propios trabajadores en contra del criterio de los empresarios por miedo al contagio del coronavirus.

Pero eso sí, se agilizan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que tendrán en todos los casos consideración de fuerza mayor, lo que elimina el periodo de consultas y reduce su tramitación a siete días, en tanto que los trabajadores afectados podrán cobrar automáticamente el paro (prestación por desempleo), independientemente de lo que hayan cotizado, y sin que el periodo consumido se descuente a futuro, lo que se conoce como «contador a cero».

Además, las empresas no tendrán que pagar la cotización por contingencias comunes que debían mantener los empresarios en caso de suspensión del contrato.

Fuentes gubernamentales han explicado que todavía durante la tarde se estaba redactando el decreto-ley, que mañana publicará el BOE con una vigencia inicial de un mes, y que se estaba viendo si habrá retroactividad para la nueva regulación de los ERTE y si sus beneficios estarán condicionados al rescate de toda la plantilla una vez que se pase el bache de actividad.

Asimismo han dicho que el cambio en torno a los ERTE es lo que movilizará más gasto público, con una previsión de 5.000 millones durante el mes de vigencia de las medidas, que podrían prorrogarse si se extiende el estado de alarma.

Los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, podrán acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

La prestación se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación y los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Las familias que se vean más afectadas por la crisis del coronavirus podrán acogerse a una moratoria que les libre de pagar sus hipotecas durante un tiempo, una medida social que se suma a la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta 2024 aprobada la semana pasada, para que ninguna persona pierda su vivienda en esta crisis.

Los hogares vulnerables también tendrán garantizados los suministros de energía y de agua, así como los de telecomunicaciones.

Entre las medidas más sociales se incluyen 600 millones para la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las autonomía y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

En el ámbito de la liquidez, se han aprobado avales adicionales de 2.000 millones para las empresas exportadoras, en tanto que las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas con un régimen específico con ampliación de plazos y compensación de salarios, para evitar la resolución de los contratos y la pérdida de empleos.

En lo laboral, se refuerza el derecho del trabajador adaptar o reducir su jornada por necesidades de conciliación derivadas de la crisis sanitaria y se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, para lo que se canalizarán los recursos del programa de digitalización «Acelera pyme» para la consecución de esta medida en las pequeñas y medianas empresas, ha informado el Gobierno.

Asimismo, se ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.

«No vamos a dejar a nadie atrás», ha afirmado este martes Sánchez, que ha incidido en que «el Estado va a asumir el choque que significa el frenazo en seco de la economía española», enviando a los mercados un mensaje contundente, porque no se va a permitir que «problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia».

Por otra parte, Sánchez ha subrayado que España necesita «unos presupuestos de emergencia» que serán «de reconstrucción social y económica», por lo que intentará pactarlos con todas las fuerzas políticas, ya que las consecuencias de esta crisis «van a implicar un sobreesfuerzo».

Sin embargo, ha añadido que las cuentas se presentarán cuando se haya «vencido definitivamente al virus», ya que ahora mismo ningún organismo cuenta con unas previsiones económicas capaces de evaluar el choque que la epidemia va a tener en el PIB o el empleo.