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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Sánchez se centra en los pensionistas y el PER y se olvida del alza salarial de los funcionarios

Ayer Pedro Sánchez utilizó las pensiones públicas, que son del Estado y no del Gobierno, para hacer campaña electoral, afirmando que las subirá al IPC en 2020. Hoy, se ha centrado en el PER andaluz, y ha afirmado que va a reducir las peonadas para cobrarlo. Sin embargo, se olvida de los funcionarios que tienen pactado y firmado una subida salaria del 2% para el año que viene que reclaman vía decreto ley.

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Por ello, el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, ha instado este martes al Gobierno a que apruebe «de manera inmediata» un «decreto» con la subida salarial pactada del 2 % para que los funcionarios puedan cobrarla desde el 1 de enero de 2020.

En rueda de prensa, el líder del sindicato mayoritariamente del sector público ha explicado que en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le avisa de que «el voto de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias puede ser decisivo» en las próximas elecciones de 10 de noviembre.

CSIF se reunirá con los principales grupos parlamentarios para arrancarles el compromiso previo a las elecciones de que apoyarán dicho decreto en su convalidación parlamentaria.

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Según el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos representativos del sector público, el salario de los funcionarios debería incrementarse en 2020 un 2 % más un variable vinculado a la evolución del PIB de 2019.

Entre las reivindicaciones del sindicato al Gobierno, sobresale la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, de hasta un 20 %, para lo que insta a deshacer el recorte que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ese año.

También quiere la equiparación de salarios entre administraciones de empleados públicos que realizan las mismas tareas, así como instaurar la jornada semanal de 35 horas.

Con el objetivo de rejuvenecer las plantillas, Borra pide establecer una jubilación anticipada voluntaria desde los 60 años, con un coeficiente reductor más laxo que el habitual en función de los colectivos y de si realizan un trabajo penoso, como es el caso de los bomberos forestales, así como adecuar la jubilación de las clases pasivas.

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Además pide revisar los servicios externalizados por las administraciones, establecer una evaluación del desempeño y vincularlo a la carrera profesional, limitar los nombramientos de libre designación por encima del puesto de director general o realizar un registro de asesores en las administraciones.

Abordar una revisión de la Ley de Libertad Sindical, reduciendo del 10 % al 5 % la representatividad necesaria de los sindicatos para ser considerado interlocutor social es otro de los objetivos de Borra, que se somete a la reelección al frente de CSIF el próximo 10 de diciembre como único candidato.