Saracho justifica la ruina de miles de accionistas y bonistas del Banco Popular por la ‘Ley de Murphy’

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha reconocido este jueves ante la Audiencia Nacional que la premura que exigieron los auditores a la hora de comunicar la reexpresión de las cuentas de 2016 fue un episodio clave en la «ley de Murphy» que precipitó la caída de la entidad.

En calidad de investigado, el banquero ha insistido en que, si bien disponían de diez días para hacérselo saber a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la decisión que iban a adoptar respecto a las últimas cuentas tras detectar «posibles insuficiencias» en las provisiones, los auditores le insistieron en que no podía esperar.

Dicha reexpresión hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas de dicho ejercicio, tal como informó el Popular al mercado el 3 de abril de 2017 -apenas dos meses antes de la resolución de la entidad- en un hecho relevante en el que explicaba que la corrección causaría un impacto de unos 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han relatado que Saracho se ha referido a aquella época como un momento difícil en el que no sólo tuvo que hacer frente a la reexpresión sino también a los continuos rumores sobre la situación de la entidad y a la salida de su hasta entonces consejero delegado, Pedro Larena.

Todo ello fue fruto de la «ley de Murphy», ha asegurado el expresidente del banco, que ha insistido por segundo día en que nunca filtró información sensible a los medios de comunicación.

Asimismo, ha avalado su gestión en la salida de depósitos que sufrió la entidad en 2017, y ha explicado que hizo todo lo que podía, que en su caso era informar a las autoridades correspondientes.

A lo largo de su interrogatorio, Saracho también ha abordado la situación de «extremo peligro» en la que se encontró el Popular a su llegada en febrero de 2017.

Según han contado fuentes jurídicas a Efe, el banquero ha declarado ante el juez que la finalidad de su incorporación como presidente era que «alguien le dijera al banco qué diablos le pasaba, cuánto le faltaba para cerrar la crisis que tenía y acabar con la opacidad hacia el mercado».

A su llegada no sólo encontró una «suma de problemas que venían de hace muchísimos años» y que se había tratado de negar públicamente, sino que además constató que la ampliación de capital acometida en 2016 por el equipo de su predecesor Ángel Ron se daba por fallida y no se sabía ni lo que le «quedaba por andar» para sanearse ni cuántas provisiones faltaban para asegurar la solvencia.

Tras conocer los problemas de capital, necesitaba saber de cuánto tiempo precisaban para revertirlos; sin embargo, nadie le supo responder.

Las mismas fuentes destacan la reunión de Saracho con la entonces jefa de Riesgos del Popular, Carmen Rivera, que le advirtió de que no sabía el nivel de provisiones del que disponían, a lo que el expresidente del banco le respondió: «no es posible, somos un peligro. Si no las sabemos no deberíamos abrir».

La praxis de «dar beneficios y luego dos veces, en 2012 y 2016, 5.000 millones de pérdidas», en alusión a Ron, estaba fallando en opinión del banquero, que a preguntas del fiscal Antonio Romeral ha puesto de manifiesto las deficiencias que arrastraban las tasaciones desde hacía «cuatro o cinco años».

Y es que, ha explicado, el Popular «interpretaba» la normativa de una manera que preservaba el problema, a pesar de que cada vez que lo hacían perdían credibilidad.

Tanto es así que, ha aclarado, hubiera hecho una comisión de investigación interna porque «no era comprensible» lo que estaba pasando, pero no tuvo tiempo y el 7 de junio de 2017, el banco era resuelto y vendido al Santander.

Saracho ha sido el primero de los investigados en comparecer ante el titular del juzgado central de Instrucción número 4, que desde hace dos años investiga la gestión y caída del Popular en dos piezas separadas a raíz de las querellas interpuestas, entre otros, por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las acusaciones sospechan de que, durante los 108 días de gestión del banquero, se produjo una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Aspectos que ha negado en sede judicial el banquero, que incluso ha remitido a un informe de la CNMV en el que el organismo descarta cualquier tipo de irregularidad.

El siguiente en declarar será el ex consejero delegado del Popular en tiempos de Ron Roberto Higuera, citado para el próximo martes.