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El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho.

Saracho tumbó a Ron sin pasar por el consejo del Popular, según el exdirector financiero del banco

Miguel Escrig afirma que le extrañó mucho que al retasar inmuebles en 2017 les salieran valoraciones inferiores a las de los tres años anteriores, cuando el mercado inmobiliario estaba en pleno auge

El que fuera director financiero del Banco Popular Miguel Escrig ha explicado este jueves en la Audiencia Nacional que el expresidente Emilio Saracho canceló el plan de negocio aprobado por el anterior equipo directivo de la entidad sin haberlo pasado antes por el consejo de administración.

El conocido como «proyecto Sunrise» era uno de los ejes del plan de saneamiento concebido por Ángel Ron en 2016, poco antes de su relevo en la presidencia, con el que preveía desprenderse de 15.000 millones en activos improductivos antes de 2018, ayudado por la creación de su propio «banco malo».

En su declaración como testigo, Escrig también se ha referido a las tasaciones del Popular, y ha asegurado que al nuevo equipo, del que él formaba parte, le extrañó mucho que al retasar inmuebles en 2017 les salieran valoraciones inferiores a las de los tres años anteriores, cuando el mercado inmobiliario estaba en pleno auge.

Las declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, «fueron desastrosas» para la entidad

En relación con los últimos meses del Popular antes de su resolución y posterior venta a precio simbólico al Santander el 7 de junio de 2017, ha reconocido que las declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, «fueron desastrosas» para la entidad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El papel de König en la resolución ha sido criticado en múltiples ocasiones por algunos accionistas de la entidad, que consideran que violó el secreto profesional al nombrar al Popular entre los bancos «vigilados» en una entrevista.

El mismo impacto negativo, ha dicho Escrig, causó la noticia publicada el 11 de mayo de 2017, un mes antes del desenlace del Popular, en la que un medio de comunicación ponía en duda la solvencia del banco y anunciaba su quiebra inminente, aunque ha declarado que desconoce el origen de esa información.

EL ACCESO DEL SANTANDER AL «DATA ROOM»

Respecto al final del Popular, el exdirectivo ha explicado que el Santander accedió a datos del proceso de venta privada de la extinta entidad cuando ya había comunicado que no iba a presentar oferta.

Según las fuentes, el juez que investiga las dos últimas gestiones del Popular ha señalado que analizará por qué el Santander finalmente continuó teniendo acceso a ellos.

En su interrogatorio en sede judicial, la presidenta del banco, Ana Botín, explicó que, tras una primera negativa aún con Ron en el cargo, recibieron una invitación para acudir al proceso de venta privada del Popular.

Tras estudiarlo, el Santander no llegó a presentar una oferta, entre otros motivos por la caída en Bolsa de Popular; sin embargo, días más tarde, valoraron hacerse con el banco si era resuelto.

Ahora Escrig, que ha comparecido en calidad de testigo a petición de Saracho, ha indicado que en ese espacio de tiempo, el Santander siguió teniendo acceso al llamado «virtual data room» o base de datos, a través de la cual se había puesto a disposición de las entidades interesadas información sobre el Popular.

EL CASO «THESAN»

A tenor de las fuentes, se le ha preguntado además por la relación del Popular con la sociedad Thesan Capital, que algunas acusaciones sospechan que pudo esconder un presunto entramado de financiación irregular de la entidad en Luxemburgo.

Sobre este aspecto, que queda al margen de las pesquisas, Escrig ha relatado que los inspectores del Banco Central Europeo le trasladaron que todo el esquema de Thesan se hizo para ocultar.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.