Se reactiva la ponencia de Ley de Vivienda con PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu negociando al margen

La nueva ley de Vivienda aprobada hace un año en el Consejo de Ministros se reactiva en el Congreso la próxima semana al reunirse por primera vez la ponencia que debe estudiar e incluir, en su caso, algunas de las 400 enmiendas presentadas por los partidos. Antes de reactivar esa ponencia, y al margen de la misma, el PSOE ha mantenido reuniones con sus socios parlamentarios, especialmente con ERC y con EH Bildu, para acercar posturas, sobre todo en lo que se refiere a la regulación de los precios del alquiler, cuantas viviendas son necesarias para el control de rentas o los requisitos para declarar una zona tensionada.

«La convocatoria de la ponencia es una buena noticia que refleja la buena disposición de los grupos a llegar a un acuerdo. La negociación sigue, pero ya en el marco de la ponencia», señalan a EFE fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, toda vez que la ley ha estado encallada durante todo el 2022.

Sin embargo, durante las primeras semanas del nuevo año el Gobierno y el PSOE han mantenido reuniones con sus socios parlamentarios, especialmente con ERC y con EH Bildu, para acercar posturas, o mejor dicho, para acercar las posturas de los socialistas sobre la Ley de Vivienda a los postulados que defienden los separatistas catalanes y los proetarras vascos.

No obstante, fuentes de EH Bildu inciden en que todavía no hay acuerdo en temas como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y recuerdan que todavía quedan reuniones parlamentarias en comisión.

La ponencia de la ley se reunirá el martes a las 11,30 horas pero las discusiones sobre la nueva ley de vivienda no podrán prolongarse más allá de las 12,00 horas, que es cuando se inicia el pleno extraordinario que se ha convocado ese mismo martes para debatir las convalidaciones de los dos últimos decretos aprobados por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica consecuencia de la guerra en Ucrania.

Recientemente, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que ya se está «más cerca de aprobar esta ley» y reconoció que se estaban negociando «cesiones técnicas» para garantizar la eficacia en el tope a los alquileres, pese a que ERC sigue advirtiendo de que no aceptarán una ley que «esté por debajo» de la ley de Vivienda aprobada por el Parlamento catalán.

Sobre la mesa está la posibilidad de que la regulación de los alquileres sea opcional en cada comunidad.

En el marco de la negociación que los socialistas han retomado con sus socios en el Congreso tras las vacaciones navideñas, parecen estar abiertos a que la regulación de los alquileres prevista en el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda para las zonas que se declaren tensionadas pueda afectar a los nuevos contratos de arrendamiento y no solo a los vigentes.

Con ello pretenden evitar que los propietarios puedan sacar del mercado del alquiler sus viviendas para luego volver a ponerlas en arrendamiento sin que les afecte el control de rentas.

También se han abierto a cambiar los requisitos previstos en el proyecto de ley para que las comunidades autónomas puedan hacer esa declaración.

El proyecto de ley establece que las comunidades autónomas podrán declarar zonas tensionadas aquellas en las que la carga media del coste del alquiler supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que el precio haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de esa comunidad.

Los sindicatos de inquilinos, sin embargo, advierten de que rebajar de cinco a dos puntos ese porcentaje de crecimiento haría que la regulación fuera «fantasma» en 44 de las 51 capitales de provincia españolas.

Por otra parte, aunque no hay nada cerrado, en las últimas negociaciones también se ha hablado de rebajar el número de viviendas que tiene que tener un propietario para que se le aplique el control de rentas y de reducir el periodo de carencia de dieciocho meses previsto en el proyecto de ley para la aplicación obligatoria del índice de precios.