Torres, presidente del BBVA, se entera de lo que pasa en el banco por la prensa, según declara al juez

Torres, presidente del BBVA, se entera de lo que pasa en el banco por la prensa, según declara al juez

16 octubre, 2023
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Actualizado: 16 octubre, 2023 16:37
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La vieja estratagema de ‘enterarse por la prensa’ para eludir responsabilidades en un asunto espinoso que afecta a alguien es la que ha utilizado hoy Carlos Torres, presidente del BBVA, a elección de Francisco González, imputado en el caso Villarejo, en la Audiencia Nacional ante el juez García Castellón. El sucesor de González al frente del BBVA, que ha declarado este lunes como testigo en la causa que investiga la relación del banco con empresas vinculadas al excomisario Villarejo, ha asegurado que no intervino en modo alguno en la contratación, cuyos detalles conoció por la prensa.

Torres Vila, que ha comparecido ante el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, ha declarado durante aproximadamente tres horas, durante las cuales ha respondido a las preguntas del fiscal y de las acusaciones, además de a su propio abogado.

El banquero ha reiterado que su declaración no es tanto en calidad de presidente de BBVA como de «testigo de una serie de hechos», según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Torres declara ante el juez que se enteró de la relación del BBVA con Villarejo en 2018, pese a que era el consejero delegado del BBVA, es decir máximo ejecutivo y mano derecha de Francisco González, desde 2015

Según estas fuentes, Torres ha explicado que se enteró de la relación del banco con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo en octubre de 2018, cuando la entidad ya había iniciado una investigación interna o «forensic» para aclarar la naturaleza de estos trabajos, y si implicaban algún tipo de infracción de las normas internas de conducta del banco, o «compliance».

Al parecer, el entonces director de Comunicación de BBVA, Paul Tobin, informó en mayo de la publicación en algunos medios de la relación entre el banco y Villarejo, pero Torres Vila ha asegurado que no lo leyó, y que no fue hasta junio o julio de ese año cuando fue consciente de ello.

En aquel momento, Torres Vila era consejero delegado del banco, ya que no fue nombrado presidente hasta enero de 2019, y en esa condición no intervino ni supo nada de la relación con Villarejo hasta que se publicó algo en la prensa, en el verano de 2018.

Por lo que supo después, la investigación interna o «forensic» se encargó al departamento de auditoría interna del banco, y ya en 2019 a PwC, por indicación del despacho de abogados Garrigues; es este equipo externo de investigación el que analizó los detalles de la relación del banco con el excomisario, al que en total se le abonaron alrededor de 10 millones de euros por distintos trabajos.

 Se trata del supuesto encargo del banco a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para averiguar quién estaba detrás del intento de la toma de una participación en BBVA por parte de Sacyr a finales de 2004.

Torres desvincula al departamento de auditoría interna de la investigación

El presidente de BBVA ha desvinculado al departamento de auditoría interna de la investigación, y ha insistido en que tanto él como el consejo de administración dieron instrucciones de que la colaboración con la justicia fuese «total», añaden las mismas fuentes.

A partir de enero de 2019, cuando se externaliza la investigación, el banco ya no interviene en las decisiones, ha señalado.

Fuentes de BBVA han señalado a EFE que «en su condición de testigo, Carlos Torres Vila ha declarado con total normalidad, contestando a las preguntas del Ministerio Fiscal y las partes».

A mediados de 2019, el juez García Castellón acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.

El magistrado investiga la operación «Trampa», novena pieza separada del «caso Villarejo» que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad. 

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