Tras celebrar el fin de peajes en varias autopistas, el Gobierno ya prepara el ‘tarifazo’ de las autovías

Solo han pasado un par de semanas desde que el Gobierno celebrase como un logro el fin de las concesiones en varias tramos de peaje en autopistas simplemente porque había concluido el periodo de tiempo de concesión y el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya prepara el pago de una tarifa por usar la red de carreteras del Estado, tanto a particulares como a empresas.

En la propuesta, que es un anhelo ansiado por el PSOE-Unidas Podemos, se definirá con detalle su implementación en lo relativo a plazos, carreteras y otras cuestiones, ha afirmado la ministra Raquel Sánchez en su comparecencia en el Congreso para informar de sus planes para la legislatura.

La excusa es el medioambiente y el mantra del que ‘contamina paga’ para cobrar por usar carreteras, pese a los innumerables impuestos que paga el propietario de un coche, desde su compra, utilización o en el combustible que usa

Sánchez ha hecho hincapié en que el déficit de inversiones en mantenimiento de la última década «no es sostenible a medio plazo» y en que su propuesta pretende responder al criterio europeo de «quien contamina paga» y contribuir a la reducción de los gases del efecto invernadero.

«Necesitamos recursos para poder mantener unos estándares adecuados de calidad de nuestras carreteras», ha señalado, tras recordar que durante la última década la red de carreteras se ha incrementado en unos 1.000 kilómetros nuevos, a los que se añaden las autopistas cuya concesión ha finalizado desde diciembre de 2018, es decir, 1.029 kilómetros de autopistas, con los consiguientes efectos en conservación.

«El déficit de conservación en la Red de Carreteras del Estado, estimando unas necesidades mínimas de 1.200 millones de euros anuales, supone una media de unos 300 millones de euros por año entre 2012 y 2017», ha calculado.

Ha defendido que esto se está empezando a corregir con los presupuestos de 2021, que son los más altos desde 2009 y suponen un aumento del 58 % sobre el pasado ejercicio, con 1.240 millones de euros, y ha asegurado que su intención no es solo incrementar las cantidades sino «implantar nuevos modelos de conservación integrados y eficientes», que por supuesto, parece que son suficientes como para justificar nuevos pagos del contribuyente al Estado.

También se ha referido a los problemas territoriales que genera la situación actual de las autopistas de peaje y ha explicado que para compensarlos no han prorrogado los contratos concesionales que han vencido y han inyectado recursos en rebajar peajes vertebradores de comunidades, como la AP-9 de Galicia. Ahora, sin embargo, se pretende cobrar por unas carreteras que hasta la fecha son de libre uso, lo que mermará las cuentas de los hogares, y no solo por tener que pagar más por usar el coche particular, sino porque transportar será más caro, desde las mercancías más básicas, como el pan, hasta las de lujo.