UGT lleva al Defensor del Pueblo a las CCAA que le han retirado subvenciones públicas

 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo frente a las actuaciones que atentan contra el diálogo social, el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical emprendidas por comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura o Murcia, esas decisiones no son otras que las retiradas o rebajas de las subvenciones públicas que recibe el sindicato socialista, infladas, por otra parte por el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, especialmente del Ministerio dirigido ahora en funciones por Yolanda Díaz.

En un comunicado, UGT asegura que algunos responsables políticos de comunidades autónomas (CCAA) «han comenzado una campaña de acoso» a organismos de solución autónoma de conflictos, y tilda de «anticonstitucionales» decisiones como la restricción injustificada de la financiación con fondos públicos de éstos de servicios de mediación y arbitraje, que benefician casi en totalidad a sindicatos como UGT y CCOO y que no siempre han destinado al objetivo previsto.

UGT dirige principalmente sus quejas a Castill y León, la comunidad autónoma gobernada por PP y VOX, que más ha recortadado sus subvenciones públicas

Este ha sido el caso de Castilla y León, que ha reducido la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) «de forma tan radical que pone en riesgo su propia existencia».

En una jornada que ha tenido lugar en León, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha destacado «el papel constitucional que tiene el diálogo social y que tenemos los sindicatos».

Otras conductas antisindicales son para UGT. uno de los sindicatos más beneficiados por Yolanda Díaz, los llamamientos a la reducción considerable de subvenciones a sindicatos y patronal recogidos en los acuerdos de Gobierno del PP y Vox en Extremadura y Murcia.

Por ello, solicita al Defensor del Pueblo que pida el cese de estas conductas y advierta a los gobiernos autonómicos, en general, de «su obligación de revertir todas las decisiones que pongan en riesgo la actuación de las organizaciones sindicales, impidiéndoles el desarrollo de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas».