Un abogado general de la Unión Europea (UE) confirmó este jueves que la Comisión Europea no dio al público información suficiente sobre los contratos de compra de vacunas contra la covid-19 y rechazó los argumentos de Bruselas sobre el anonimato de los negociadores y las cláusulas de indemnización para las farmacéuticas.
La opinión del letrado comunitario rechaza el recurso que presentó la Comisión Europea contra la primera sentencia sobre este caso del Tribunal de Justicia de la UE, que en julio de 2024 señaló la opacidad de la Comisión en los contratos de adquisición de vacunas contra la covid-19 en 2020 y 2021 con varias farmacéuticas por unos 2.700 millones de euros.
La cuestión se remonta a 2021, cuando tras la compra conjunta de vacunas coordinada por el Ejecutivo comunitario algunos eurodiputados y particulares solicitaron el acceso a los contratos firmados con las empresas farmacéuticas.
Bruselas sólo les dio un acceso parcial, ocultando entre otras cosas los nombres del equipo negociador y cláusulas sobre la indemnización de las farmacéuticas.
La justicia europea dio la razón a los eurodiputados y particulares que demandaron, pero la Comisión recurrió aquella decisión.
El abogado también descarta que Bruselas se haya podido demostrar que hacer públicas las cláusulas sobre las indemnizaciones
En la opinión publicada este jueves, que responde a dicho recurso, el abogado general considera que la sentencia original acertaba al determinar que la transparencia del proceso de negociación tiene un interés público, lo que allanaría el camino a que los nombres de los negociadores sean públicos pese a las dudas de Bruselas por el «respeto a la vida privada y la integridad de las personas afectadas».
«La mera divulgación de las versiones anonimizadas de las declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses no permite comprobar concreta y efectivamente la imparcialidad de los miembros del equipo de negociación», apunta el letrado.
Por otro lado, el abogado también descarta que se haya podido demostrar que hacer públicas las cláusulas sobre las indemnizaciones a las farmacéuticas pueda «favorecer comportamientos estratégicos abusivos o aumentar el riesgo de acciones de responsabilidad dirigidas contra las empresas farmacéuticas», como aseguraba el Ejecutivo comunitario.
«Dichas cláusulas no afectan a las condiciones en las que puede generarse la responsabilidad de las empresas frente a terceros perjudicados, sino que se refieren únicamente a los mecanismos de reembolso que podrían aplicarse entre los Estados miembros y las empresas tras el eventual reconocimiento de la responsabilidad de estas últimas», incide la opinión.
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, sino que proponen una solución jurídica de cara a la sentencia final del TJUE, que se publicará más adelante.
