Un exdirectivo del Popular, imputado en el caso, afirma ahora que tuvo ‘sospechas’ de la ampliación de 2016

El exresponsable de cumplimiento normativo del Banco Popular Juan José Rubio ha explicado este lunes que tenía «dudas» y «sospechas» de que algunos clientes habrían recibido financiación de la entidad para acudir a la ampliación de 2016, aunque nunca se demostró que hubiera órdenes de ello.

No obstante, Rubio, que ha declarado en la Audiencia Nacional como investigado en la causa sobre las últimas dos gestiones del banco, ha querido aclarar que jamás tuvo noticia de que hubiera instrucciones para financiar la operación, y ha indicado que no se produjo ninguna denuncia interna por estos hechos.

Esta ampliación de capital, por importe de unos 2.500 millones de euros, es uno de los ejes centrales de la investigación que afecta al que fuera presidente de la entidad en aquella época, Ángel Ron, así como a su consejo de administración.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, Rubio ha dicho que la información le comenzó a llegar a raíz de que su hermano, que trabajaba de administrativo en una empresa, recibiera una llamada del banco que le ofrecía acudir a la ampliación y financiar la compra de títulos si no disponía de capital.

Sin embargo, pensó que se trataba de un error ya que su hermano no tenía conocimientos de temas bancarios; además, ha añadido, jamás tuvo noticia de que desde el banco hubiera instrucciones para financiar.

A partir de entonces, recibió más llamadas de clientes a las que, ha reconocido, no dio mucha importancia.

Desde su punto de vista, la supuesta financiación «no tenía sentido», ha apuntado Rubio, que creía que detrás de esta operativa había «algún (director) regional al que se le había ocurrido para lograr más suscriptores y ganarse medallas, algún loco».

Tales dudas se las comunicó al secretario del consejo de administración, Francisco Aparicio, quien no daba «la impresión» de que supiera que se financiaba.

CUATRO CASOS

Durante su declaración, Rubio ha relatado que, dada su función en el banco, tuvo que responder a un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la operación.

De cara a su respuesta, se reunió con varios departamentos de la entidad, que en una de sus reuniones le trasladaron que la información sobre si hubo financiación y su cuantía «era imposible» de saber sin ver las declaraciones censales.

Finalmente, salieron «sólo» cuatro operaciones, ha indicado el exdirectivo, y ha detallado que desde el área de riesgos le informaron de que no había habido instrucciones.

Rubio, que ha recalcado que no tenía capacidad ejecutiva para realizar o instar formalmente una investigación, remitió a la CNMV las cuatro operaciones identificadas, valoradas en 149.000 euros en total, y sus sospechas de que hubiera más.

Aún así, no colocó ninguna alerta ni tampoco hubo denuncias en el canal interno habilitado por el banco.

En cualquier caso, ha aclarado, no era un tema ilegal, como así le trasladó Aparicio, en tanto que la financiación podía deducirse después del capital regulatorio.

Sobre este aspecto ya se han pronunciado otros investigados, incluido el propio Ron y varios directores territoriales, que negaron que existiesen instrucciones u órdenes de llevar a cabo esta práctica.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos líneas de investigación, la primera, precisamente por la ampliación de capital en la etapa de Ron, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.