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Emilio Saracho y Ángel Ron, los dos últimos presidentes del Banco Popular antes de su resolución por la JUR y venta al Santander, y el exCEO Pedro Larena. / EFE

Un informe de FTI Consulting y PSJ Forensic denuncia irregularidades en el Banco Popular desde 2011

Un informe encargado por grandes inversores del Popular y que obra ya en poder del juez que investiga la liquidación del banco concluye que, al menos desde 2011, las cuentas y estados financieros del grupo, y la información relativa a la ampliación de capital de 2016, no reflejaban su imagen fiel.

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El documento elaborado por FTI Consulting y PSJ Forensic, de 220 páginas y al que ha tenido acceso Efe, analiza de forma exhaustiva las ratios de morosidad, rentabilidad y gestión del riesgo del banco, y estima que su evolución en el último trimestre de 2016 y en 2017 «no es congruente» con el entorno económico y financiero.

Uno de los aspectos destacados es el referente a la liquidez, argumento esgrimido por las autoridades europeas para proceder a la liquidación del banco y sobre el que la entidad facilitó información no veraz, según los autores del documento.

Y es que si bien «es indiscutible» que el banco era solvente el 6 de junio de 2017, un día antes de su liquidación, el informe desvela graves discrepancias entre la información suministrada por el banco y su situación real.

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Aunque el Popular aseguraba en diciembre de 2016 que disponía de 92.162 millones de activos libres de cargas, sólo pudo presentar 40.522 millones como garantía.

Para el socio director del bufete Quinn Emanuel Richard East, que representa a los fondos de inversión PIMCO, Anchorage, Algebris y Cairn Capital, del texto cabe inferir que hubo un patrón consistente de falsedades en las cuentas del Banco, que fueron manipuladas intencionadamente.

Otra de las deficiencias que revela este informe es el déficit recurrente de provisiones sobre fondos propios, que estaban sobrevalorados al menos desde 2008.

Este déficit «no se explica» por el efecto de los decretos aprobados en 2012, ya que de los 2.226 millones de déficit en provisiones identificados por el Banco de España ese año, 120 millones corresponden a un ajuste para cumplir con la nueva regulación bancaria.

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Por el contrario, responde a una serie de irregularidades contables, como la clasificación errónea de las operaciones refinanciadas reflejadas en los estados financieros entre 2011 y 2013.

Según datos del Banco de España, entre el 27 % y el 30 % de las operaciones refinanciadas no estaban clasificadas como tal -91 operaciones que sumaban 1.765 millones-; asimismo, se identificaron 22 operaciones clasificadas como normales que debían estar clasificadas como créditos dudosos, por un importe de 342 millones.

Ya en 2013, y tras revisar una muestra de operaciones refinanciadas, el regulador concluyó que el 53 % (324 millones de euros) estaban clasificadas como normales cuando debían estar clasificadas como dudosas, y que el 22 % (135 millones) deberían haberse registrado como subestándar.

A juicio de los autores del documento, el banco llevaba a cabo esta práctica al menos desde 2008, con la consiguiente infraestimación del riesgo de crédito e infravaloración de la tasa de morosidad, del mismo modo que ocurría con la clasificación y valoración de los activos inmobiliarios.

La entidad habría registrado como garantía viviendas cuando en realidad se trataba de suelo o promociones no terminadas, a lo que se suman unos 60.000 bienes inmobiliarios registrados en los inventarios que estaban duplicados, según identificó el Banco de España en 2011.

De este modo, prosigue el documento, el déficit de provisiones no obedece a discrepancias de opinión, sino que representa una «prueba contundente» de que los estados financieros se encontraban «sustancialmente distorsionados e infravaloraban el perfil de riesgo».

De haberse corregido, habrían supuesto que la entidad no hubiera podido cumplir con los requisitos de capital, ya que si se hubiera registrado correctamente los fondos propios del Popular se hubieran reducido un 27,6 % a 31 de diciembre de 2014; un 14,1 % a 30 de junio de 2015, y un 14,3 % a 31 de diciembre de 2016.

Por lo que respecta a la clasificación de activos, en su inspección «in situ» de 2016, el BCE detectó errores sobre créditos refinanciados o reestructurados por un importe de 1.186 millones.

En el informe de seguimiento de 2014, el Banco de España identificó que el 97 % de los activos adjudicados correspondía a edificios terminados; sin embargo, el BCE afirmó que el 45 % de ellos estaban incorrectamente clasificados, ya que se correspondían con suelos sin construir.

Más adelante, en la inspección de 2015 y 2016 sobre préstamos refinanciados o reestructurados, el BCE analizó una muestra de 100 préstamos e identificó 2.380 millones de créditos dudosos que no estaban identificados como tales.

Ya en 2016, en la inspección sobre activos adjudicados, el organismo advirtió que estaban sobrevalorados en 885 millones, además de que tendrían que haberse registrado como dudosos.

El informe se refiere también al presunto entramado societario detectado por la Agencia Tributaria y el BCE que el Popular habría puesto en marcha para ocultar pérdidas y refinanciaciones de empresas en dificultades, a través de sociedades pantalla en Luxemburgo.

Posteriormente, la incorporación de estas sociedades en el perímetro de consolidación del banco, ya a finales de 2016 y principios de 2017, supuso la incorporación de activos por valor de 928 millones y el reconocimiento de unas pérdidas de 538 millones. EFECOM