Un juez condena al BBVA a devolver casi 16.000 euros por gastos hipotecarios y abre la puerta a más reclamaciones

Un juzgado de Madrid ha condenado al BBVA a devolver unos 16.000 euros entre 17 familias a las que había impuesto el abono de la totalidad de los gastos hipotecarios, tras obligar a la entidad a hacerse cargo del 100 % de los costes del registro y del 50 % de los notariales, de gestoría y de tasación.

Asimismo, el magistrado de esta sede especializada en conflictos hipotecarios deja abierta la puerta para que, «en su día», los demandantes, representados por la asociación de consumidores Asufin, puedan reclamar al banco otros importes desembolsados en virtud de la cláusula de gastos.

Dicha petición podría llegar una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, se pronuncie acerca de las cuestiones prejudiciales que los jueces españoles han venido planteando al respecto en los últimos meses, recuerda Asufin en un comunicado.

En concreto, está pendiente de analizar si la norma comunitaria permite repartir los gastos hipotecarios entre el consumidor y la banca en aquellos casos en los que previamente se haya anulado una cláusula abusiva que atribuía la totalidad de su pago por parte del cliente.

Mientras tanto, el juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid aplica el criterio del Tribunal Supremo, que atribuye a la entidad el pago del 50 % de los gastos de gestoría y notario, y la totalidad de los que corresponde al registrador.

En su sentencia, conocida este miércoles, el magistrado resalta la importancia que tiene la información precontractual para los consumidores, ya que es «la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar».

De modo que no se puede realizar una comparación «fundada» si el cliente no tiene «un conocimiento real de la trascendencia económica y jurídica porque no ha podido llegar a comprender lo que significa en él una concreta cláusula, que afecta a un elemento esencial del contrato (…) y las repercusiones que puede conllevar».

Da así la razón a los demandantes, que en un primer momento solicitaron la devolución de los gastos «de notario, registro, el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las facturas de gestoría y tasación».

Sin embargo, con posterioridad a su admisión a trámite, los consumidores modificaron su pretensión inicial, limitándose a pedir el 100 % de los gastos registrales y el 50 % de los notariales, de gestoría y de tasación, reservándose el derecho para formular nuevas reclamaciones en su día, peticiones a las que accede el magistrado.

Según los cálculos de Asufin, unos ocho millones de consumidores se han visto perjudicados por lo que supone «un abuso de la banca», en opinión de la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, que considera que estos gastos, «por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular».