Un perito niega deficiencias en las cuentas del Banco Popular o falta de provisiones

Uno de los peritos propuestos por el expresidente del Banco Popular Ángel Ron descarta «deficiencias» en las cuentas de 2015, y sostiene que la inspección que BCE realizó en esas fechas solo hizo recomendaciones de las que «en absoluto» se desprende que la entidad tuviera un déficit de provisiones.

Según el asesor sénior del FMI José Antonio Iturriaga, el BCE no consideró «incorrectas» ni esas cuentas ni la información de la ampliación de capital de 2016, y alega que si las recomendaciones hubiesen sido de «obligada observancia» los organismos habrían obrado «con falta absoluta de diligencia» permitiendo la operación sin que se ajustaran antes las cifras.

En su trabajo, al que ha tenido acceso Efe, Iturriaga interpreta las conclusiones de la inspección sobre la adecuada clasificación contable y de provisiones constituidas sobre una muestra de 100 acreditados, que el BCE comunicó al Popular el 14 de noviembre de 2016, meses antes del relevo en la presidencia del banco.

Al respecto, el experto advierte, en primer lugar, de que se obtuvieron «sobre una revisión parcial y sesgada», por lo que «no puede ser representativa de la suficiencia de provisiones de la totalidad de la cartera y, por tanto, de la entidad».

Además, la propia carta enviada por el organismo europeo especifica que «la naturaleza de las conclusiones son recomendaciones», llegando a hablar, incluso, de «expectativas supervisoras», de modo que jamás existió «ningún tipo de incumplimiento de la regulación prudencial ni, por supuesto, de la contable».

Es más, ningún supervisor efectuó requerimiento alguno -exigencia legal de obligado cumplimiento- para que se registrara el resultado de aquella inspección en el ejercicio 2015, expone Iturriaga, que aclara que las recomendaciones «siempre se registran de forma prospectiva».

En el caso del Popular, las provisiones se incorporaron en las cuentas de diciembre de 2016, por tanto «no solo cumplió con las recomendaciones del supervisor, sino que fue diligente en cuanto a tiempo» al hacerlo un mes después de recibir la comunicación.

Por este motivo, el autor del informe se opone al peritaje del Banco de España, que considera el hecho de que la entidad contabilizara los resultados de la inspección en 2016 como «la principal evidencia de la existencia de un déficit tanto a junio como a diciembre de 2015».

«El registrarlo en 2016 no se corresponde con la asunción de que existiera un déficit en 2015, sino que responde a atender a una petición específica del BCE, en un entorno y contexto de cambio normativo y de mayor exigencia de provisiones a partir del 1 de octubre de 2016», añade Iturriaga.

Mención especial dedica el experto, precisamente, a ese nuevo escenario regulatorio que se estaba desarrollando en aquellas fechas, y transcribe una serie de comentarios del BCE que evidencian «la aplicación anticipada en la inspección de los nuevos criterios introducidos en la Circular 4/2016».

Sin embargo, «si bien podían formar parte de la interpretación y de las recomendaciones de los supervisores, no estaban aún en vigor a la fecha en que se realizó la inspección», apunta.

LOS SUPERVISORES PERMITIERON LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Iturriaga, que ha sido administrador de CajaSur, Banco de Valencia y de la CAM a propuesta del FROB, la autoridad de resolución, concluye que el BCE no vio incorrectas las cuentas del Popular ni que la información que se dio en la ampliación tuviera ningún problema, porque los resultados reflejaban necesidades adicionales de provisiones que surgían de los nuevos estándares que iban a aplicarse a partir de entonces.

Prueba de ello es la coincidencia de fechas entre la inspección y la operación por la que el banco amplió capital en 2.500 millones de euros en 2016, ahora investigada por la Audiencia Nacional.

«De haber sido de obligada observancia normativa para el Popular se hubiera obrado con falta absoluta de diligencia y responsabilidad por parte de los organismos reguladores competentes en la ampliación de capital, al permitir (una operación) sin que los resultados de la inspección tuvieran que ser retrospectivos y ajustarse cifras de 2015», subraya.

Y añade: «Es evidente que, en caso de que el BCE o el Banco de España y, si hubiera llegado a su conocimiento, la propia Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), hubieran considerado que los déficits estimados se correspondían con incumplimientos contables del ejercicio 2015, su actuación tendría que haber sido otra».

La causa que instruye el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

En paralelo, el juzgado central de Instrucción número 5 asumió la querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores en la ampliación de capital de 2012.