La sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado improcedente el despido de un trabajador del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), que fue cesado del puesto que desempeñaba para acogerse a una jubilación obligatoria que no se produjo por el error de la Administración al calcular el periodo para cobrar la pensión.
El sindicato CSIF, que ha denunciado este caso y que ejerció la defensa jurídica de este trabajador, explica que a consecuencia de este error, al no cumplir los requisitos legales para acceder a la pensión, esta persona se quedó «sin empleo y sin la posibilidad de jubilarse».
La persona afectada había prestado servicios para el Icass desde el 13 de diciembre de 2018 a través de distintos contratos temporales, con la categoría de auxiliar de enfermería.
En diciembre de 2024, cuando este trabajador estaba cubriendo una incapacidad temporal, recibió una notificación del Icass que le comunicaba la finalización de la relación laboral, a final de marzo de 2025.
El Instituto Cántabro de Servicios Sociales justificaba el término de este contrato por un acuerdo de modificación parcial del convenio colectivo, para establecer la jubilación obligatoria con carácter general al cumplir el trabajador la edad legal para ello.
Este trabajador cumplía la edad de jubilación a final de marzo
Este trabajador cumplía la edad de jubilación a final de marzo y el Icass le instó a presentar el documento sobre jubilación expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y le señaló que, en caso de que no cumpliera con el periodo de carencia exigido para la prestación de jubilación, el cese de la actividad se produciría, en todo caso, al terminar el contrato que tenía vigente.
El Icass hizo otro contrato para cubrir la baja por incapacidad que antes estaba haciendo este trabajador, al que sacaron de la bolsa de contratación.
El instituto sostiene que hubo un error a la hora de cesar a este trabajador y borrarle de las listas por aplicación del convenio dado que podía continuar trabajando y en su caso contratarse con posterioridad. También alegó que en su caso hubo un despido y no un cese que debe considerarse improcedente al no tener causa.
Y así lo ha declarado la jueza, que señala que la Administración reconoce su error al hacer el cálculo del periodo de carencia de este trabajador.
«La Administración reconoce dicho error, y reconoce que no debía haberse producido el cese porque no se cumplía el periodo de los 15 años, y que por tanto debía haber continuado el contrato hasta la incorporación del trabajador al que sustituía», se explica en la sentencia, que ha facilitado el sindicato CSIF.
En el fallo se establece que el trabajador debe indemnizarse con 15.439,43 euros.
