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Una exconsejera de Bankia pide su absolución porque la Fiscalía, en otro de sus errores, la dio por muerta

El abogado de la exconsejera de BFA Mercedes Rojo ha pedido este martes la libre absolución de su defendida en el caso Bankia, ya que la Fiscalía Anticorrupción no la acusaba al comienzo del juicio y la dio por muerta en su escrito de acusación para, posteriormente y tras corregir su error, acusarla de falsedad contable. No es el único error que ha cometido la Fiscalía en este caso, sino que han sido innumerables, tal y como han denunciado las defensas,

El abogado José María de Pablo, que representa a los exconsejeros de Caja Madrid y Bankia Estanislao Rodríguez Ponga y de BFA Jesús Pedroche y Mercedes Rojo, ha hecho hincapié en el caso de esta última, a la que la fiscalía Anticorrupción dio por muerta en su escrito de conclusiones finales presentado en julio de este año, error que posteriormente corrigió.

Para el letrado, este hecho demuestra que el ministerio público no prestó ninguna atención a la declaración de su defendida, «puesto que pensaban que estaba muerta, eso supone que no prestaron atención a lo que declaró durante el juicio», y refuerza la idea de que su papel en los hechos que se juzgan, la salida a Bolsa de Bankia, fue irrelevante.

Para Mercedes Rojo, pero también para sus otros dos defendidos, lo que ha ocurrido en estos diez meses es «más que un sesgo retrospectivo, un prejuicio retrospectivo», ya que da la impresión de que la Fiscalía tenía redactadas sus conclusiones antes de que se practicaran las pruebas o se escuchara a los acusados.

Anticorrupción acusa a Rojo de falsedad contable por su papel de vocal en el comité de auditoría de la matriz de Bankia, pero no se dirige contra los exconsejeros Jesus Pedroche ni Estanislao Rodríguez Ponga, éste último exsecretario de Estado de Hacienda.

Los tres deben ser absueltos, ha explicado el letrado, por las discrepancias entre las versiones de los peritos de las partes, cuyas divergencias impiden hacerse una idea fidedigna sobre quién tiene razón.

En estos diez meses de juicio la prueba pericial se ha desarrollado entre enormes discrepancias entre los peritos de las acusaciones y los de las defensas, de modo que «es imposible saber ahora quién tiene razón».

No se ha podido demostrar que haya que creer a los peritos de las acusaciones aunque «alguno ha dicho que porque eran funcionarios públicos, pero también lo eran muchos de los peritos de las defensas». 

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