El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido el procedimiento de contratación del servicio de agencias de la Administración General del Estado del Ministerio de Hacienda, actualmente en manos de Arcadi España, cargo que ‘heredó’ de la mujer que se autodefine como la más poderosa de España, María Jesús Montero, en respuesta al recurso presentado por las patronales de las agencias de viajes españolas UNAV-FETAVE y Gebta.
Según indica ésta última en una nota, el Tribunal ha concedido la medida cautelar solicitada y ha suspendido el procedimiento de contratación.
La principal cuestión que planteaba el recurso se refiere a la habilitación empresarial necesaria para prestar profesionalmente servicios propios de una agencia de viajes, que las patronales consideran que debe quedar clara de forma expresa.
La suspensión cautelar del TRAC implica de facto la prórroga de los actuales gestores de los lotes de los viajes del Gobierno y los Ministerios
Por otra parte, la suspensión implica de facto la prórroga de los actuales gestores de los lotes, al menos hasta que el Tribunal resuelva y detalle los términos de los pliegos que deben modificarse para adecuarse al marco legal, lo que supondría la redacción de nuevos pliegos y el inicio de un nuevo proceso para la licitación de los lotes, aclara GEBTA en una nota.
El análisis jurídico en el que se ha basado el recurso presentado por GEBTA identifica tres bloques principales de infracciones normativas, en función de la naturaleza y tipología del contenido
Un primer bloque de carácter económico, centrado en la falta de justificación de la estructura de costes (aspecto muy relevante, dado que entre otros aspectos es un condicionante crítico para la eventual participación de agencias que no estén gestionando ya los servicios de la AGE), la exigencia ilegal de descuentos lineales en tarifas aéreas, el establecimiento de mejoras en el seguro de viaje a coste cero, y en general impugnación de cláusulas que obligan a las agencias a licitar con precios que no cubren costes reales o que eliminan el margen comercial, infringiendo directamente el artículo 102.3 de la LCSP y el artículo 2 de la LCSP.
GEBTA entiende que el recurso presentado es sólido y debería conllevar la anulación del concurso
El segundo bloque está centrado en denunciar prestaciones impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que resultan operativamente imposibles de cumplir, debido a las prácticas del mercado de transporte o porque exceden las funciones lógicas de un intermediario turístico y que además llevan asociadas sanciones en caso de incumplimiento
Un tercer bloque que recoge las cláusulas que vulneran leyes imperativas de otros sectores ajenos a la contratación pública, como la protección de datos o la legislación reguladora del mercado de seguros, o el propio Reglamento de IATA.
GEBTA entiende que el recurso presentado es sólido y debería conllevar la anulación del concurso. En este caso, sería el propio fallo del Tribunal el que indique los términos de los pliegos que deben ser modificados para adecuarse al marco legal. En cualquier caso, supondría la redacción de nuevos pliegos y el inicio de un nuevo proceso para la licitación de los lotes.
