La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este miércoles que el Gobierno lleve los decretos de vivienda a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación porque es «urgente» resolver este problema. Pedro Sánchez ha tenido ocho años para resolver el problema, pero ha necesitado de un par de días únicamente con el Congreso disuelto por la convocatoria de elecciones para ‘colar’ los decretos de vivienda con la ayuda de la extrema izquierda a la que se suma la derecha nacionalista del PNV.
En una entrevista en Telecinco, Mínguez ha respaldado los dos nuevos decretos en materia de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y ha subrayado que las medidas contribuirán a resolver la crisis actual.
Tras ocho años en el Gobierno, a Sánchez le entran las prisas para resolver en dos días el problema de la vivienda en España, eso sí, saltándose el Congreso de los Diputados
La socialista ha defendido que el Ejecutivo haya aprobado dos nuevos decretos, después de que cayeran en el Congreso con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y se lleven ahora a la Diputación Permanente.
En ese sentido, ha salido al paso de las críticas de la oposición por decidir convalidarlos ahora en la Diputación – donde el Gobierno no necesita los apoyos de Junts- porque, ha dicho, este es un órgano «que no ha inventado Pedro Sánchez» y que «funciona cuando se disuelven las Cortes».
También ha apuntado que la composición de la misma se acuerda por unanimidad al comienzo de la legislatura y así sucedió en esta.
La Diputación está, para aprobar «cosas urgentes» y el tema de la vivienda «es un tema urgente para el Gobierno», ha dicho Mínguez, quien ha criticado que se señale al PSOE por aprobar decretos en este órgano pero no se hiciera con los Ejecutivos del PP.
Además, ha asegurado que el Gobierno aprueba partidas de miles de millones de euros para construcción de casas, pero son las comunidades del PP las que rechazan esos fondos y no las construyen.
Asimismo, ha rechazado que las manifestaciones que se están dando en decenas de ciudades de España sean contra el Gobierno sino que son, a su juicio, contra el poder «legislativo».