El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado «la nulidad general de las actuaciones» del caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado a la causa «prueba ilícitamente analizada».
La defensa del también exlíder socialista ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este jueves, en el que formula un incidente de nulidad de actuaciones al ver vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, entre otros.
Sostiene el abogado Víctor Moreno Catena que el procedimiento «parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados, en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no se ajustaban al marco legal, y con maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante».
«La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis» de la investigación -que arrancó en un juzgado de Madrid-, «germina en actuaciones policiales» y de la Fiscalía y «arrastra» el resto del procedimiento, argumenta la defensa de Zapatero.
Una denuncia basada en conversaciones privadas de un abogado, argumenta
El letrado de Zapatero argumenta que la apertura del procedimiento se basa en el análisis de conversaciones privadas de un abogado, el investigado Miguel Palomero, contenidas en un disco duro denominado Crucial y de otras conversaciones privadas de terceros obtenidas en entradas y registros hechos a petición de Francia y Suiza, ante casos investigados en estos países.
En concreto, según esta parte la Fiscalía y la magistrada del Juzgado número 15 de Madrid, que después remitió el caso a la Audiencia Nacional, se basaron en el análisis de un chat denominado Danilo-España, para apuntar a la posible existencia de una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países.
La defensa del expresidente pone en duda que la Fiscalía contase con una habilitación judicial para pedir a la Policía un informe acerca de dichas conversaciones y apunta a que podría haber cometido una injerencia no autorizada en el secreto de las comunicaciones y a la intimidad del letrado investigado.
También acusa al Ministerio Fiscal de asumir competencias que corresponden al juez instructor, y de incoar diligencias preprocesales en 2025 -tras el primer archivo de la causa de Plus Ultra y la desestimación de sus denuncias- con la meta de crear un marco para poder analizar el disco duro Crucial, que estaba en la «caja fuerte» de la Fiscalía.
Advierte el letrado de Zapatero que «no son admisibles las investigaciones paralelas, ni el solapamiento de quienes intervienen en la persecución penal».
También reprocha la forma en la que se abrió el procedimiento: mediante una pieza separada que, según esta parte, no estaba conectada con la pieza principal archivada en un juzgado madrileño, y sin someter así la causa a reparto entre los distintos juzgados.
Anular el análisis de conversaciones para anular la totalidad de la causa
La defensa de Zapatero considera que las conversaciones analizadas, base de la causa, son una prueba ilícita y que el efecto es de «nulidades encadenadas hasta la última resolución», incluidas todas las entradas y registros practicadas , puesto que se contamina todo el procedimiento.
Junto a la nulidad general de las actuaciones, el expresidente pide anular expresamente doce resoluciones, que incluyen la apertura del procedimiento en el que está investigado, el paso de la causa a la Audiencia Nacional, los registros practicados en su despacho la empresa de sus hijas y otras compañías, el bloqueo parcial de sus cuentas y la incoación de una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas incautadas en su oficina. E