Finlandia recula en la renta básica universal, mientras en España se debate su implantación

Finlandia recula en la renta básica universal, mientras en España se debate su implantación

24 abril, 2018
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Actualizado: 24 abril, 2018 17:16
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Finlandia cancelará su ensayo de renta básica universal a finales de año que ha realizadopara parados entre 25 y 58 año con un importe de 560 euros. En España se ha iniciado ya el debate sobre implantación,

El Gobierno de Finlandia ha decidido cancelar a finales de este año el ensayo de renta básica universal que puso en marcha en enero de 2017, cuando se convirtió en el primer país de Europa en lanzar un experimento de este tipo a nivel nacional, según informan medios locales.

La primera fase de este programa piloto, cuyo coste se estima en unos 20 millones de euros, se centra en analizar a lo largo de dos años si la concesión de una renta básica a personas desempleadas ayuda a incentivar la búsqueda de trabajo, aunque sea temporal, y a reducir la burocracia de las prestaciones sociales.

El proyecto original consistía en entregar una renta básica de 560 euros al mes libres de impuestos durante 24 meses a 2.000 parados de entre 25 y 58 años, elegidos al azar entre 175.000 personas de todo el país que percibían algún tipo de subsidio por desempleo.

Los seleccionados, que estaban obligados a participar en el experimento si querían mantener sus prestaciones sociales, han seguido recibiendo la renta básica incluso si han encontrado trabajo durante este tiempo.

Si antes del experimento los elegidos ingresaban más de 560 euros al mes en subvenciones, la Seguridad Social de Finlandia (Kela) les abona también la diferencia para que mantengan el mismo nivel de ingresos.

Menos prestaciones

Aquellos que durante estos dos años han encontrado empleo o superan la cantidad máxima establecida de ayudas públicas han visto reducidas sus prestaciones, pero continuarán percibiendo la renta básica hasta finales de diciembre.

El objetivo de los responsables de este ensayo era extender su alcance a otros grupos de población una vez transcurridos los dos años previstos y analizar los efectos de la renta básica también entre personas empleadas.

«En estos grupos debería haber, entre otros, pequeños emprendedores y trabajadores autónomos, ya que el mundo se mueve en una dirección en la que cada vez más gente crea sus propios puestos de trabajo», afirmó al diario Lapin Kansa el experto de Kela Olli Kangas, uno de los principales responsables del proyecto.

En su opinión, la renta básica podría ser una solución para afrontar los desafíos que plantean los cambios estructurales en el mercado laboral por la creciente automatización de la industria.

Sin embargo, el actual ensayo finlandés no es, a su juicio, lo suficientemente amplio como para obtener toda la información necesaria para analizar la viabilidad de la renta básica.

«Dos años es un periodo demasiado corto como para sacar conclusiones exhaustivas. Deberíamos tener más tiempo y mayores recursos para lograr resultados fiables», señaló Kangas a la televisión pública YLE.

Por ello, Kela solicitó al Ejecutivo finlandés más fondos para ampliar el experimento a un grupo aleatorio de 10.000 personas a partir de 2019, entre las que habría parados, asalariados y trabajadores por cuenta propia, con un coste estimado entre 40 y 70 millones de euros.

Otras alternativas

El Gobierno de centroderecha del primer ministro Juha Sipilä ha decidido no conceder la financiación adicional solicitada y ha optado por explorar otro tipo de modelos alternativos para modernizar el sistema de seguridad social.

Está previsto que Kela publique los resultados preliminares del ensayo bienal en diciembre de este año, aunque el definitivo no estará listo hasta finales de 2019 o principios de 2020.

Además de estudiar los efectos del experimento finlandés, Kela quiere compararlos con los ensayos de renta básica que se están realizando en otros países como Canadá, Holanda, Escocia, Kenia e India.

La situación en España

Los partidos políticos empezarán a negociar los detalles de la Renta Mínima que aprobó el Pleno del Congreso en febrero de 2017 y que establece un importe de 426 euros mensuales para desempleados sin recursos, al tiempo que analizarán su compatibilidad con otras rentas autonómicas parecidas.

La ponencia que estudia la proposición de Ley de ingresos mínimos procedente de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos ha quedado constituida en la Comisión de Empleo y comenzará sus trabajos la última semana de abril.

De momento, la proposición de Ley ha recibido cerca de 52 enmiendas parciales y mientras el PP propone un fondo estatal de rentas mínimas que no sea compatible con las actuales autonómicas, Ciudadanos aboga por una «prestación de activación para el empleo», que sustituya tanto al actual subsidio por desempleo como a otras prestaciones derivadas de otros programas.

El IPREM o el SMI

PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT mantienen la fórmula inicial que propugnan CCOO y UGT pero difieren en cómo establecer la cuantía, ya que mientras los socialistas y los nacionalistas catalanes fijan como indicador el 80 % del Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), Unidos Podemos señala el 88 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

No obstante, todas las formaciones están de acuerdo en que dicha prestación debe ir ligada a la búsqueda activa de empleo.

Entre las once enmiendas que ha presentado el PSOE destaca la que aboga por la compatibilidad de esta prestación con otras rentas mínimas autonómicas y pide que se cree una ventanilla única.

También solicita que se incremente la cuantía en función de los hijos y los ingresos de los hogares, para que aumente en 150 euros al mes por hijo para rentas por debajo de 7.100 euros y en 100 euros para las que estén entre 7.100 y 11.500 euros mensual.

Podemos quiere una renta mínima compatible con todo tipo de ayudas

Unidos Podemos, que ha registrado cerca de 28 enmiendas, exige que la renta mínima no esté condicionada a las disponibilidades presupuestarias e insta a que sea compatible con otras prestaciones de la Seguridad Social o de servicios sociales autonómicos o locales, así como con la actividad por cuenta propia o ajena.

La formación «morada» también aboga por que sea una prestación intransferible e inembargable, e incluye un complemento adicional equivalente al 10 % del SMI por hijos a cargo.

Establece como beneficiarios a los mayores de dieciséis años que se encuentren emancipados y pide que el Estado garantice una cuenta bancaria básica gratuita en el caso en el que el solicitante no disponga de ella.

Por su parte, el PP aboga por crear un fondo estatal de rentas mínimas con aportaciones del Estado y de las comunidades y con una cuantía que sería del 80 % del IPREM vigente en cada momento, a la que se sumaría un 70 % más por número de hijos.

Los beneficiarios serían mayores de 26 años y menores de 65 años y excepcionalmente se ampliaría a los mayores de 18.

La prestación tendría una duración máxima de seis meses, prorrogables a otros seis, aunque el PP insiste en que se debería crear un grupo de trabajo para clarificar todas las prestaciones existentes en España.

El PDeCAT también incide en que la cuantía de la prestación de ingresos mínimos sea igual al 80 % del IPREM y que los Presupuestos establezcan un complemento adicional según los hijos, al tiempo que aboga por que la gestión sea autonómica.

Fomento del empleo

En este sentido, el PNV, que sólo ha presentado una enmienda, señala que hay que plantear la complementariedad de las prestaciones reguladas en las autonomías con esta nueva prestación de ingresos mínimos.

Ciudadanos, que ha presentado 7 enmiendas, prefiere una «prestación de activación para el empleo», que sustituiría al subsidio por desempleo y a otras prestaciones como las del Programa de Activación para el Empleo (PAE) o el PREPARA.

Reclama que la cuantía no sea fija, sino que se determine con una fórmula basada en la diferencia entre la cuantía del umbral de ingresos mínimos garantizados por la prestación (que depende del número de miembros que integren la unidad de convivencia de la que forme parte el solicitante o beneficiario) y la cuantía de la suma de los ingresos totales del solicitante o beneficiario.

Ciudadanos también pide que haya infracciones y sanciones y puntualiza que serán beneficiarios los menores de edad emancipados y las personas con 16 o más años que se encuentren en situación de orfandad absoluta, entre otros requisitos.

Para la formación naranja sería una prestación de un año, renovable anualmente.

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