El fiscal pide 5 años para el ex líder de UGT Fernández Villa

La Fiscalía de Asturias pide en su escrito de acusación cinco años de cárcel para el ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa por apropiación de 434.000 euros.

El Ministerio Público pide también una pena de tres años y medio de prisión para el ex secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo por el mismo delito y una indemnización de 119.434 euros.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo cerró el pasado día 12 la instrucción de esta causa para la que el fiscal ha solicitado ahora la apertura de juicio oral.

Según el fiscal, Fernández Villa ejercía una «posición de dominio absoluto» del sindicato minero y era quien tomaba todas las decisiones, hasta las de la más mínima relevancia, y que él fue también quien decidió la creación del INFIDE y poner a Castillejo al frente de ese organismo.

Fernández Villa, siempre según el escrito del fiscal, «aprovechando su posición de absoluto control de la entidad ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal» que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.

En concreto, entre los años 1989 y 2001 cobró los cheques nominales con los que Hunosa pagaba al sindicato las dietas por asistencia de sindicalistas al comité intercentros y que sumaban cerca los 244.000 euros.

Tras decidir en 2001 la empresa estatal minera hacer esos pagos por transferencia bancaria, Fernández Villa, según el ministerio público, acordó que los ingresos no se hiciesen en la cuenta del SOMA-FITAG-UGT, sino en otra de similar nombre (SOMA) «en la que mantenía un control absoluto» y que procedió a utilizar como una cuenta personal.

La Fiscalía asegura además que el exlíder minero «procedió a utilizar el patrimonio del SOMA como una cuenta personal de gastos» en la que, además de los justificados por su actividad de secretario general, añadió otros meramente personales.

Así, además de que le abonaban dietas por kilometraje y comidas, cobró gastos incompatibles de carburante, multas que le habían puesto, facturas de mantenimiento de coches, seguros, resguardos de aparcamiento o periódicos entre «otros conceptos de muy elevado importe y carentes de toda justificación».

El acusado también realizó numerosas compras «sin justificación alguna» con cargo a las tarjetas de crédito del sindicato, con las que pagó puros, sombreros, perfumes, flores, centros dietéticos, maletas, productos de farmacia y parafarmacia, libros, discos o conocidos y numerosos restaurantes.

En total, según mantiene la Fiscalía, pagó con las tarjetas entre 2001 y 2012 más de 73.000 euros de gastos personales y sacó cerca de 13.800 euros en metálico para su disfrute personal. El fiscal considera también que para comprar en 2001 un Mitsubishi Montero utilizó otros 33.520 euros y que cinco años después volvió a cargar a costa del sindicato, otros 52.100 euros para pagar, entre otros gastos, otro Mitsubishi Montero adquirido para su uso particular.

«Este vehículo ha sido utilizado y disfrutado exclusivamente por el acusado incluso tras su cese como secretario general«, mantiene el escrito de acusación en el que se advierte de que Fernández Villa disponía en el sindicato para su uso de un Audi A4 por el que se pagaron 16.700 euros de más que también fueron a parar a su cuenta.

En cuanto a Castillejo, el fiscal considera que «aprovechando su posición de absoluto control de la entidad» realizó una serie de operaciones carentes de relación con la actividad de la fundación.

Dichas operaciones fueron reintegros en efectivo, pagos en «innumerables» restaurantes, farmacias, tiendas o compañías aéreas y ascendieron entre los años 2004 y 2013 a 119.434 euros.

El SOMA-UGT presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros, que después se ampliaron hasta 420.000 euros, y otra contra Castillejo en la que reclamaba la devolución de más de 70.000 euros.

La familia de Fernández Villa, que también está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó tras la última amnistía fiscal, ha solicitado recientemente que se le incapacite, petición que está siendo estudiada por la Fiscalía.

Hasta ahora, la Sección Tercera de la Audiencia ha desestimado todos los recursos de apelación que la defensa de Fernández Villa había presentado para evitar que declarase aludiendo a la supuesta enfermedad mental que sufre el procesado.