La Fiscalía venezolana pide 16 años de cárcel para el alcalde de Caracas
La Fiscalía venezolana ratificó hoy su acusación de conspiración y asociación para delinquir contra el alcalde metropolitano de Caracas, el dirigente opositor Antonio Ledezma, y pidió 16 años de prisión para él durante la vista preliminar del caso.
La audiencia preliminar sobre el casi de Ledezma, que lleva casi un año detenido y actualmente se encuentra en situación de arresto domiciliario, había sido suspendida hasta el momento en diez ocasiones.
Según abogados y dirigentes políticos presentes en la audiencia, los fiscales pidieron que se enjuicie a Ledezma por conspiración y asociación para delinquir y solicitaron una pena de 16 años de prisión.
Ledezma fue detenido el 19 de febrero de 2015 por presunta conspiración contra el Gobierno y estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, hasta que pasó a situación de arresto domiciliario el 30 de abril de ese año por encontrarse convaleciente de una intervención de una «hernia inguinal reproducida».
Su vista preliminar ha sido diferida en diez ocasiones en los últimos meses, una situación que el abogado del burgomaestre calificó de «aberrante injusticia».
«Debemos dejar constancia, y es un llamado que hacemos a los prohombres del Estado venezolano que se ufanan de que todo se hace dentro de la Constitución. Nosotros debemos denunciar por enésima vez esta estafa procesal», afirmó el abogado José Núñez el pasado 14 de enero, cuando se suspendió por décima vez la vista, hoy finalmente celebrada.
Los motivos por los que han sido suspendidas las audiencias anteriores no han sido precisados por la defensa ni por el Ministerio Público o por el tribunal que lleva el caso.
El alcalde es identificado con el ala radical de la oposición, liderada por Leopoldo López, y fue acusado por la Fiscalía el pasado 7 de abril de conspirar contra el Gobierno al apoyar a grupos que presuntamente «pretendían desestabilizar» la situación en el país con acciones violentas.
La causa contra Ledezma, según la Fiscalía, guarda relación con el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con «planes conspirativos» atribuidos al expresidente colombiano Álvaro Uribe.