El fracaso del Consejo Europeo para atajar el paro juvenil

El programa de Garantía Juvenil promovido por el Consejo Europeo ha sido un fracaso en España. Solo el 38% consigue un empleo o formación tras seis meses inscritos.

Así lo constata un estudio del Observatorio Social de «la Caixa», que apunta que el paro juvenil con baja cualificación es «un fenómeno estructural», con una tasa de empleo inferior al 60%, mientras que los que tienen estudios superiores alcanza el 90%.

El informe del Observatorio Social de «la Caixa», elaborado por la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto, se completa con un informe sobre «la discreta acogida» del programa de Garantía Juvenil promovido por el Consejo Europeo, ya que en España, sólo un 38% de los inscritos ha encontrado empleo o formación tras seis meses de estar registrados. Una de las conclusiones del estudio es la relación entre baja formación y desempleo de los jóvenes, «un círculo vicioso difícil de romper».

El informe analiza el fenómeno del paro juvenil en España, el país de la UE en el que se ha producido una mayor reducción del empleo en este colectivo, concretamente de 22 puntos entre 2007 (cuando la tasa de empleo alcanzaba el 55,7%) y 2015 (33,7%).

Sin embargo, los factores estudiados, gracias a la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa, detallan que el efecto de la destrucción de empleo es muy diferente según el nivel de estudios, ya que los jóvenes con un déficit de formación tienen un problema tanto de desempleo como de inactividad, es decir, no participan en el mercado de trabajo.

Cueto considera que «el desempleo juvenil se ha tratado erróneamente como un fenómeno homogéneo» cuando, según su estudio, «la situación de partida de cada joven en cuanto a su nivel de estudios influye directamente en su éxito laboral y, en consecuencia, en el futuro, en su probabilidad de riesgo de pobreza y exclusión social».

La parte del estudio dedicado a la Garantía Juvenil, elaborado por la profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid, Almudena Moreno, insiste en la idea de que a menor edad y menor formación, mayor es la tasa de desempleo, «algo que se ha acentuado con la crisis».

Según el estudio, durante la recesión, la tasa de empleo de los menores de 30 años se redujo entre 25 y 30 puntos en la población que dispone de estudios primarios; 20 puntos entre los que tienen la ESO; y 10 puntos entre los que cuentan con estudios superiores.

El informe quiere también desmontar el mito de los «ni-nis», que categoriza negativamente a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ya que, según el informe, el porcentaje de estudiantes es muy similar al de ocupados (36,7% y 37%, respectivamente).

Moreno también analiza el motivo de que las políticas de empleo (formación, asesoramiento en la búsqueda de empleo o incentivos a la contratación) no estén funcionando para combatir el paro juvenil y concluye que aquellos jóvenes con menor formación son los que menos se registran como demandantes de empleo, mientras que los que más acuden a las oficinas de empleo son quienes han cursado la ESO.

Éstos también son los más beneficiados por la aplicación de la Garantía Juvenil, una recomendación adoptada por el Consejo Europeo para que los menores de 25 años tengan una oferta de empleo y formación en los cuatro meses posteriores a la finalización de sus estudios o a la entrada en situación de desempleo.

En España, donde esta iniciativa se aplica desde 2014, pero la acogida ha sido limitada, aunque desde agosto de 2015 los inscritos han aumentado, ya que en esas fechas se amplió el rango de edad hasta los 29 años.

En el caso de los registrados como demandantes de empleo, los inscritos en la Garantía Juvenil eran el 52,9% en el tercer trimestre de 2016; entre los parados jóvenes de la EPA apenas un 30% se había inscrito y el porcentaje cae al 14% entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tan sólo el 25% de los jóvenes españoles conocía, en abril de 2016, esta iniciativa.

El informe recomienda reformular los criterios de aplicación de la Garantía Juvenil antes de 2020, año en que finaliza, así como darle mayor visibilidad y mejorar los sistemas de evaluación y coordinación entre instituciones para dar a conocer este tipo de iniciativas que en otros países ha funcionado mejor.