Gago recuerda que la Ley de Memoria «iguala» a víctimas posteriores al 78 por una disposición de Bildu

ICAL

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dio hoy por cerrado el debate sobre la condena a la dictadura franquista con la aprobación ayer, en las Cortes de Castilla y León, de una proposición no de ley que condena y define como tal dicho periodo y que contó con los votos favorables de todos los partidos con representación parlamentaria salvo Vox, mientras que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, pidió “leer bien” la Ley de Memoria Democrática antes de criticar la proposición de ley de concordia autonómica presentada por PP y Vox.

En declaraciones recogidas por Ical tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo destacó así la “mayoría amplia” que condenó ayer al franquismo en las Cortes y que coincide con la posición “clara y firme” que, aseguró, ha defendido “siempre” la Junta de Castilla y León en su definición de este periodo, pese a que la proposición de ley de concordia que PP y Vox presentaron en las Cortes no incluyera la calificación de dictadura para el franquismo.

Esa situación despertó críticas junto a la extensión del periodo de protección a las víctimas hacia la Segunda República, lo que suponía una equiparación al franquismo. A esto quiso hoy contestar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asegurando que la Ley de Memoria Democrática estatal, aprobada en 2022, “junta un periodo de dictadura con un periodo democrático bajo la vigencia de la actual Constitución”.

Y es que, según reveló Gago, la disposición adicional 16 de la ley, “incluida por Bildu”, amplía el periodo de protección a las víctimas a los años entre 1978 y 1983, lo que a juicio del consejero de la Presidencia, iguala a víctimas de la dictadura franquista con las de los primeros años del actual periodo democrático. Por ello, pidió a los críticos con la proposición de ley de concordia “leer bien” la actual Ley de Memoria Democrática.

De hecho, Gago consideró “mucho más sangrante” que la ley estatal equipare víctimas de la dictadura franquista con la “época democrática actual” que lo que hace la proposición de ley de concordia de PP y Vox, que “junta una etapa democrática, la republicana, con la dictadura”. Algo que, para el consejero de la Presidencia, “pone en entredicho” las críticas a este último documento.

Animó por ello a quienes critican la proposición de ley de concordia “un tiempo de esfuerzo y preocupación para estudiar las cosas y entender mejor las normas que tenemos”, en particular a “Bildu y el PSOE”. Matización que realizó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que se refiere principalmente al hecho de que la disposición adicional a la que hizo mención Gago hoy “es fruto de Bildu”, por lo que concluyó que “sería bueno que no hubiera exigencias de algún partido independentista” al texto presentado por PP y Vox en el Parlamento autonómico.

En todo caso, Gago reiteró que la parte importante de este último documento “es el articulado, donde se amplían los derechos de las víctimas” y que, en todo caso, como recordó Carriedo, está pendiente del debate parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Un debate para el que señaló que “hay tiempo” para que los grupos puedan consensuar la posibilidad de definir al periodo franquista como dictadura tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva del texto.

En todo caso, Carriedo puso el énfasis en que el objetivo principal que se persigue es “proteger a las víctimas de cualquier tipo de violencia, ideológica, religiosa o social”, poniéndolas “en el centro”, para lo que comprometió el papel de la Junta para que “ninguna víctima quede desamparada”.

Por último, y sobre la posibilidad de que la Junta pueda introducir su posición “clara” de condena a la dictadura franquista en el informe que tiene que presentar ante la proposición de ley de PP y Vox, Carriedo apuntó que dicho informe “solo corresponde al punto de vista económico” y que no existe “capacidad de veto” del Ejecutivo autonómico salvo por si alguna norma “no pudiera encajar con el volumen de presupuesto” que se maneja desde la Junta.