La Generalitat acude al TC un 60% más que el Gobierno

La Generalitat de Cataluña acude al Tribunal Constitucional en 51 ocasiones, un 60% más que el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a tacharlo en innumerables ocasiones de ser un «tribunal españolista», de «estar al servicio del Gobierno» e incluso amenazan con desobeceder sus directrices.

«Si vas al TC para que resuelva tus conflictos competenciales, tienes que aceptar cuando te da la razón y cuando te la quita», ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante los continuos ataques de la Generalitat al Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta ha afirmado que el propio TC ofrece en numerosas ocasiones la vía para hacer que una regulación sea plenamente constitucional, un camino que, a su juicio, podría explorar la Generalitat catalana.  En este sentido, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que el TC es el mecanismo previsto para resolver divergencias entre instituciones sobre la interpretación de la Constitución y de las leyes.

Asimismo, ha recordado hoy a la Generalitat catalana que parte de la ley de pobreza energética no fue recurrida ni está suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y la ha invitado a aplicar esas medidas y a concretar las ayudas económicas. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha sido preguntada por la decisión de la Generalitat catalana de aprobar una nueva ley antidesahucios y contra la pobreza energética después de que el Ejecutivo recurriera al TC la parte procesal de esa norma.

Ha insistido en que la parte que se refiere a la pobreza energética no está recurrida y ha subrayado que el mantenimiento de esos capítulos fue precisamente algo en lo que hizo hincapié el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su reunión el pasado 20 de abril con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Y ha recalcado que no fue recurrida porque no afecta al principio de igualdad de los españoles ni al reparto competencial. Por eso, ha considerado que la Generalitat puede «dedicar sus energías» al desarrollo reglamentario de la norma o a establecer los fondos económicos que permitan llevarla a cabo para ayudar a las personas que están en situación de especial vulnerabilidad.