Girauta se da de baja en Ciudadanos tras el pacto de Arrimadas con Sánchez

El exdiputado y exportavoz del grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Juan Carlos Girauta ha comunicado su baja como afiliado de Ciudadanos, según ha informado en su cuenta oficial de Twitter, tras el acuerdo alcanzado por Inés Arrimadas y Pedro Sánchez para apoyar la prórroga del estado de alarma.

«No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos», ha escrito Girauta en un tuit.

La baja de Girauta se ha producido después de que Cs haya llegado a un acuerdo con el Gobierno para la prórroga del Estado de alarma.

El acuerdo que en la noche de este martes han alcanzado el Gobierno y Cs ha allanado el camino para que el Congreso autorice mañana una nueva prórroga del estado de alarma, aunque falta saber aún qué posición adoptará el PNV, con el que el Ejecutivo apura las negociaciones.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha opinado, antes de conocerse la deicisión oficial del partido de Inés Arrimadas, que Ciudadanos baraja apoyar al Gobierno en la prórroga del estado de alarma a cambio de presidir en el Congreso la comisión para la reconstrucción social y económica tras la crisis de la COVID-19.

«Da la sensación de que algún partido liberal puede estar negociando con el Gobierno la presidencia a cambio de ciertos votos mañana», han sido las palabras del portavoz de Vox, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Portavoces.

Ha lamentado que «el futuro de los españoles pudiera estar condicionado» por dicha cuestión. «Lo veremos en los próximos días», ha apostillado.

Así se ha referido a la votación que se llevará a cabo mañana para prorrogar otros 15 días el estado de alarma.

Ha considerado que la formación que lidera Inés Arrimadas se inclina por apoyarla a cambio de obtener la presidencia de dicha comisión, que se constituirá el jueves próximo.

Además, ha reiterado que su partido votará en contra de dicha prórroga porque el Ejecutivo ha demostrado que «no es de fiar», ha tomado «decisiones erróneas» y ha aprovechado el estado de alarma «para introducir elementos» que son más propios de un estado de excepción.

Al tiempo, ha aclarado que hay leyes como la de seguridad nacional con las que se puede continuar con el confinamiento por territorios, así como con medidas eficaces para luchar contra la COVID-19.

Según Espinosa de los Monteros, el Gobierno «ha estado chantajeando a los españoles» al decir que si decae el estado de alarma por la falta de apoyos parlamentarios se acabarán prestaciones como las derivadas de los ERTE, una cuestión que no es cierta, según ha mantenido, ya que las protecciones que presta el Estado se vinculan a la situación económica y no a la situación provisional de alarma.

Ha comentado que en la Junta de Portavoces su grupo ha propuesto que los meses de julio y agosto sean hábiles en el Congreso, o que al menos se celebren plenos, una cuestión, ha admitido, que no cuenta aún con el apoyo del resto de grupos.

Tampoco el PP ha avanzado qué votará mañana en el pleno del Congreso, por lo que la autorización no está todavía garantizada. Si se abstiene, la votación saldría adelante, pero si vota en contra, es preciso el «sí» o la abstención del PNV.

Para el Gobierno, el estado de alarma es «el único instrumento para salvar vidas», según ha asegurado en el Senado el presidente, Pedro Sánchez.

En el acuerdo, tanto el Ejecutivo como Cs coinciden en «la conveniencia de prolongar» dicho estado de alarma, aunque con una serie de requisitos, entre los que destaca la garantía de abastecimiento de equipos de protección individual en los ámbitos sanitario, económico y social incluso más allá de la duración de este estado excepcional.

Esa «conveniencia», no obstante, debe ser por el «tiempo estrictamente necesario».

Además, el Gobierno y Cs han abierto un canal de comunicación que les llevará a tener «contactos semanales» con el fin de evaluar las medidas y sus efectos, y en su caso, consensuar otras dentro de la desescalada.

El voto a favor de los diez escaños de Ciudadanos deja muy encarrilada la autorización de la cuarta prórroga hasta el 24 de mayo.

El Gobierno ha pedido esta misma tarde al Congreso su autorización mediante un texto en el que advierte de que «no existe alternativa jurídica» en la legislación ordinaria que permita restringir los movimientos de personas.

Ése ha sido el principal argumento esgrimido por el Ejecutivo para pedir que se siga prorrogando la alarma y que, junto a Sánchez, han apuntalado muchos de sus ministros en esta jornada.

Como el de Sanidad, Salvador Illa, quien ha advertido de que es precisamente la movilidad «el principal vector de contagio», y por eso el Gobierno debe de seguir teniendo la capacidad de restringirla, también en este momento en el que se inicia la desescalada.

El Partido Popular, que hasta ahora ha apoyado la alarma y todas sus prórrogas, sigue sin desvelar su posición en el debate de mañana en el Congreso que debe decidir la cuarta prórroga, porque, aunque ha advertido de que no votará afirmativamente, no ha dicho si lo hará en contra o se abstendrá.

Si se abstuviera, el Gobierno sacaría adelante la prórroga sin mayor problema, pero, si vota en contra, las cuentas son más difíciles, de ahí que centre también sus negociaciones en otros partidos. Logrado el «sí» de Cs, sus esfuerzos se orientan ahora al PNV.

Por eso, mientras Génova mantiene la incógnita sobre el voto y coloca la pelota en el tejado de Sánchez -hoy el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que le toca al presidente decidir si acepta las condiciones de su partido-, el Gobierno no quiere esperar al desenlace de mañana.

En cualquier caso, no está claro aún cuál será la decisión del PP en un momento en el que barones importantes del partido se han inclinado por permitir una última prórroga en este periodo de desescalada.

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así lo entienden.

Ayuso no quiere más estado de alarma, pero ha abogado por dar al Gobierno «los últimos quince días» para que la salida de la población se produzca «con las mejores garantías», y desde la Junta de Andalucía se aboga por que el estado de alarma se prolongue hasta finales de mayo, pero no más.

Feijóo, por su parte, ha admitido que el Ejecutivo puede necesitar «tiempo para organizarse», algo que cree «más entendible» que las razones que expone para defender la prórroga.

El presidente gallego ha desvelado que había mantenido una conversación con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien participa en los contactos que ha intensificado el Gobierno y el PSOE a pocas horas de la votación determinante en el Congreso.

Sánchez, en cualquier caso, ha aprovechado la sesión de control del Senado para insistir en su petición al PP, al que ha reclamado que sea «consciente» de que en un momento tan crítico como el actual, con tanta incertidumbre y angustia, la ciudadanía espera y «desea» de los dos principales partidos del país un acuerdo para prorrogar el estado de alarma y «garantizar un futuro de esperanza».

El Gobierno cuenta con los votos de los partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como el apoyo de otras formaciones como Compromís o Más País y espera también contar con Teruel Existe, el PRC y Nueva Canarias.

Ya han confirmado su voto negativo Vox, los partidos independentistas catalanes -JxCat y CUP, así como ERC, que hasta ahora se abstenía- y Foro.

Bildu, Coalición Canaria y el BNG se abstendrán.

Falta por saber qué harán PP y PNV, dos formaciones que siguen siendo clave a pocas horas de que se celebre el debate.