El Gobierno trata de animar las hipotecas entre los jóvenes con ayudas de 10.800 euros

El Gobierno trata de animar las hipotecas entre los jóvenes con ayudas de 10.800 euros

04 mayo, 2017
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Actualizado: 04 mayo, 2017 14:10
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El Gobierno facilitará una ayuda de hasta 10.800 euros o un máximo del 20% del precio de adquisición a los jóvenes que se hipotequen. Es el colectivo que menos deudas tiene con los bancos.

Esta medida, vendida como «claramente social» por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, estará incluida dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Precisamente los beneficiados de este plan, menores de 35 años, son los que menos deudas hipotecarias han contraído con los bancos.

El borrador de este nuevo plan será enviado en los próximos días a las Comunidades Autónomas, que tendrán hasta el 30 de mayo para realizar sus aportaciones. El trámite del Real Decreto se iniciará el 1 de junio y se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2018.

Por otro lado, el plan contempla la disposición de viviendas programa que habilita la puesta a disposición de las viviendas desocupadas de la Sareb y las entidades financieras, para que las comunidades autónomas puedan alquilarlas a personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual.

Los inmuebles procederán de la Sareb, el banco malo donde se incluyeron los inmuebles de los bancos rescatados, así como de otras entidades financieras.

La Sareb está vendiendo inmuebles por toda España a precios que llegan con un descuento del 40%, pero aún así ha multiplicado por seis sus pérdidas a cierre del año pasado, mientras sus directivos se han incrementado el sueldo.

El plan contempla que el Estado y las autonomías asuman el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables, con una aportación del 80 % del ministerio y del 20 % de las administraciones autonómicas. El plazo de estas ayudas será de dos años, que son «perfectamente» prorrogables a otros dos más si así lo determinan los criterios de los servicios sociales de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, ha añadido el ministro.

Otra de las novedades del plan es el incremento de 600 a 900 euros (en casos justificados) del importe máximo de las ayudas para alquileres o la introducción de mecanismos que faciliten la concesión de préstamos por las entidades financieras a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana o rural, entre otras medidas.

Del programa de ayuda al alquiler de vivienda se podrán beneficiar personas con ingresos inferiores a 3 IPREM (532,51 euros mensuales en 14 pagas). El importe máximo será del 40 % de la renta de alquiler, con lo que se suprime el límite de 2.400 euros al año del plan 2013-2016, además de que se incrementa el plazo de la ayuda hasta 3 años, en tanto que en el caso de los jóvenes llegará hasta el 50 % del alquiler mensual.

En relación a personas mayores, hay dos programas previstos que contemplan ayudas de carácter directo y otras a la promoción de edificios y complejos residenciales que cuentan con instalaciones comunes adecuadas para gente mayor de 65 años.

En cuanto al programa de fomento del parque de viviendas, con lo que se espera que España pueda acercarse a la media europea del 30 % de la población que reside en viviendas alquiladas frente al 21,8 %, se amplía el objeto de ayudas al sector privado, cuando en el anterior plan sólo se admitían actuaciones para viviendas de titularidad pública.

También se incrementa el importe de estas ayudas hasta un máximo de 350 euros por metro cuadrado útil y el límite de ingresos de los inquilinos (hasta 4,5 IPREM) y el precio máximo del alquiler (hasta 7 euros al mes por metros cuadrado) respecto al anterior plan.

El plan incluye, además, ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad, así como para obras de conservación en edificios residenciales y, por primera vez, también en unifamiliares.

En el nuevo plan se permite a las comunidades autónomas la concesión de una ampliación sin límite de la suspensión del período de amortización de los préstamos convenidos acogidos a planes estatales anteriores durante un plazo máximo de 3 años.

De la Serna ha avanzado, asimismo, que, paralelamente, se está trabajando en llegar a un acuerdo con entidades financieras para que concedan préstamos a actuaciones de rehabilitación, cubriendo los riesgos con garantías del Banco de Inversiones (BEI).

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