El Gobierno insiste en renacionalizar las autopistas de peaje

El Ministerio de Fomento ha reiterado que no se renovará ninguna concesión de autopista mientras Ana Pastor siga siendo ministra, de forma que el objetivo pasa por que la vía pase de nuevo a manos del Estado.

Según han señalado fuentes del ministerio, durante la gestión de Pastor no se ha prorrogado ninguna concesión a pesar de las peticiones que se han recibido y no es hasta 2018 cuando vence la primera concesión, la de la AP-1 en Burgos.

En este sentido, recuerdan que Pastor se ha comprometido en numerosas ocasiones a no prorrogar concesiones de autopistas, no sólo aquellas que finalizan en 2 ó 3 años, sino a las que les quedan 10 o más.

No obstante, es improbable que una decisión de estas características la adopte un Gobierno en funciones, ya que además quedan cerca de dos años para que finalice la primera concesión, por lo que no hay una urgencia inmediata que obligase a prorrogar alguna. Además, el compromiso de Pastor dependerá, en el supuesto de que el PP gane las elecciones, de si repite al frente de la cartera de Fomento, así como de la conformación del nuevo Gobierno y sus planteamientos en este sector.

En el caso de que la autopista pase a manos del Estado, éste tendrá que asumir los gastos de mantenimiento de la infraestructura. Desde el sector concesional, muchas empresas, como es el caso de Abertis, han señalado que esperan a la formación del nuevo Gobierno para «empezar de nuevo a trabajar» en la posibilidad de alargar sus concesiones a cambio de inversiones, tal y como han hecho el grupo en Francia con el «Plan Relance».

Entre las críticas que plantea el sector a la propuesta de Fomento es la capacidad del Estado para asumir las inversiones en mantenimiento de todas aquellas concesiones que pasen al Estado, especialmente notables en el caso de la AP-7. Dichas autopistas se podrían integrar en Seittsa o en la Dirección General de Carreteras, entre otras opciones.

Además, el próximo Gobierno deberá abordar de nuevo las negociaciones entre concesionarias, constructoras y banca acreedora para buscar una solución ante la situación de insolvencia en la que se encuentran algunas autopistas de peaje después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya conseguido sacar adelante su plan de crear una sociedad pública que aglutine a estas carreteras.

Seopan calculaba que abordar una liquidación de las autopistas de peaje en quiebra (responsabilidad patrimonial de la Administración y costes judiciales) tendría un coste superior a 8.000 millones.

Recientemente, el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ordenó, como ya han hecho otros juzgados, la liquidación de las sociedades concesionarias de las autopistas radiales R3 y R5 de Madrid y de una circunvalación de Alicante, todas ellas en concurso de acreedores, decisión que el Ministerio de Fomento va a recurrir.

En los dos primeros meses del año, el tráfico en las autopistas de peaje en España se incrementó el 7,5%. En el caso concreto de los vehículos pesados, su circulación por estas vías creció el 4%.