El Gobierno da por hecho el rescate a las autopistas de peaje
El rescate del Gobierno de Mariano Rajoy a las autopistas de peaje en quiebra es casi un hecho. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo están «ya casi en la fase de imposible».
Así lo ha asegurado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al hablar sobre el estado en el que se encuentran las conversaciones. En juego hay un coste para los contribuyentes de 2.100 millones de euros, unos 106 euros por cada uno de los trabajadores.
El Gobierno ha asegurado que el acuerdo es posible siempre y cuando sea beneficioso para la Administración General del Estado, pero las concesionarias harán valer la cláusula de responsabilidad civil del Estado, por lo que en última instancia, será el Ejecutivo quien tenga que indemnizar a las empresas.
En ellas se especifica que en caso de quiebra, será el Estado quien responda de la deuda, es decir, que si a la empresa privada le va mal, como ha ocurrido con las autopistas de peaje, serán los contribuyentes quienes respondan ante los acreedores. Una muestra más de socializar las pérdidas.
La adjudicación de las autopistas de peaje se realizaron en base a unos datos irreales y demasiado optimistas. Y es que, la mayoría de las autopistas rescatadas ni han registrado el tráfico programado y corren en paralelo a las autopistas que no pagan, por lo que los conductores solo se ahorrarían un poco de tiempo en hora punta. Su escasa utilidad ponen más que en duda el interés público de la misma, como fueron vendidas a la hora de adjudicarse.
De la Serna ha afirmado que intanta llegar a un acuerdo para rebajar el coste del rescate. Abonar una cantidad inferior a la que «tendríamos que hacer si dejamos las cosas pasar y llegar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración», ha afirmado en una entrevista a RNE. El Estado tiene que asumir por las inversiones realizadas por parte de las empresas concesionarias.
«Si es menos estamos dispuestos a ello, pero de momento no hemos conseguido ningún avance«. Además, ha añadido que las concesionarias están en «situación insostenible desde el punto de vista financiero».