El Gobierno favorece a Farmaindustria a través del rescate autonómico

El Gobierno favorece a Farmaindustria a través del rescate autonómico

28 noviembre, 2017
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Actualizado: 28 noviembre, 2017 12:27
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Si una Comunidad Autónoma quiere beneficiarse de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica tiene que rubricar con Farmaindustria un convenio que va en contra de los medicamentos genéricos.

El Ministerio de Hacienda ha introducido este nuevo requisito para dar el pago de los 10.276 millones de euros de este año destinado a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Valencia.

El convenio es requisito indispensable para Hacienda, con Cristóbal Montoro a la cabeza, y el Ministerio de Sanidad, dirigido por Dolors Montserrat. En el mismo, se exige un nivel de gasto público anual en productos de los laboratorios asociados a Farmaindustria. Si no se firma el convenio, no hay dinero para poder hacer frente a gastos corrientes.

De hecho, estipula que si las Comunidades Autónomas gastan más que el crecimiento del PIB en medicamentos de marcas asociadas a Farmaindustria, los laboratorios deben compensar. No obstante, el convenio perjudica precisamente los medicamentos genéricos, más asequibles por los enfermos en las farmacias. Para Hacienda, el convenio es «positivo, ventajoso y una garantía de control del gasto».

Carmen Montón, consejera de Sanidad en Valencia, ha afirmado en eldiario.es que esta imposición «pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación».

Para Facua-Consumidores en Acción se trata de un «chantaje» a las comunidades autónomas por parte del los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Sanidad, Dolors Montserrat, para «beneficiar a la compañías farmacéuticas». Según informa Facua en un comunicado, el Gobierno condiciona la ayuda financiera a las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que firmen un convenio con la patronal farmacéutica que garantiza un nivel de gasto público anual en los productos de sus laboratorios y «frena con ello la inversión en genéricos, más económicos».

Facua advierte de que el Gobierno «se pone al servicio de la gran industria farmacéutica imponiendo a las comunidades que asuman un oscuro convenio que desincentiva el desarrollo de medidas para abaratar el gasto público en medicamentos«. Además, la medida, según esta asociación, representa, una «injerencia torticera del Gobierno en las competencias de las comunidades, ya que reduce la capacidad autonómica para negociar con las farmacéuticas, al primar la compra de medicamentos de las empresas que forman parte de Farmaindustria».

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