Govern descarta ventas de patrimonio o privatizaciones en los presupuestos

Govern descarta ventas de patrimonio o privatizaciones en los presupuestos

13 marzo, 2016
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Actualizado: 13 marzo, 2016 0:00
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Barcelona, 13 mar.- El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, descarta que la Generalitat recurra a nuevas ventas de patrimonio o a privatizaciones en el proyecto de ley de presupuestos para este año.

En declaraciones a Efe, Aragonès ha explicado que esta es la voluntad con la que el Govern de Junts pel Sí encara la elaboración de las cuentas para este año, que prevé llevar al Parlamento «a finales de mayo» con el aval de la CUP.

Aragonès ha dejado claro que el gobierno catalán quiere confeccionar un presupuesto que incluya «todas las partidas de ingresos que permitan poder ejecutar el gasto previsto», pero a la vez ha sentenciado: «No los cuadraremos vendiéndonos el patrimonio ni vendiéndonos la casa para ir de alquiler».

Desde 2012, con el exconseller Andreu Mas-Colell al frente del departamento de Economía, la Generalitat ha vendido una cuarentena edificios de su propiedad con el fin de obtener ingresos extraordinarios.

En referencia a la política seguida en los últimos años, Aragonès ha apuntado: «La experiencia de la venta de patrimonio nos enseña que no ha servido de demasiado. Nos ha servido para obtener algunos ingresos, pero no lo que se pretendía».

Por ello, Aragonès ha precisado que si hubiera alguna operación que en caso de no cerrarse supusiera un coste para la Generalitat, se llevaría a cabo, pero ha insistido que «no saldrán nuevos activos a la venta».

«No contemplamos la venta de patrimonio como criterio para obtener ingresos para cuadrar el presupuesto», ha sentenciado en esta línea.

En cualquier caso, ha puntualizado que el Govern sí está abierto a la venta de algunos «solares industriales» del Incasòl, dado que este organismo tiene precisamente el objetivo de dinamizar el ámbito industrial.

Preguntado por si se incluirán en los presupuestos nuevas concesiones de la gestión de empresas públicas o bien de servicios con el fin de obtener ingresos extras, lo ha descartado.

A este respecto, ha recordado que cuando se han producido «grandes concesiones a muchos años», luego ha habido «una batalla entre licitadores con la Generalitat en medio», ha dicho en referencia a la privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que enfrenta en los tribunales a Agbar y a Acciona.

Aragonès ha remarcado que el Govern apuesta por «unos servicios públicos ejercidos desde el ámbito público, en colaboración con el tercer sector social», y por ello no se plantea nuevas privatizaciones.

El gobierno catalán tiene el reto de cuadrar los presupuestos de este año a un objetivo de déficit del 0,3 % del PIB, el límite marcado para las autonomías este ejercicio.

El año pasado el entonces conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, fió el cumplimiento del déficit de 2015, fijado en el 0,7 % del PIB, a obtener 2.500 millones de euros, 317 de los cuales fruto de ingresos extraordinarios y 2.183 más gracias a la negociación con el Gobierno.

A la pregunta de si el Govern volverá a incluir en las cuentas de este año ingresos sujetos a la negociación política para ajustar los presupuestos al 0,3 % de déficit, ha afirmado: «Evidentemente, una parte de este equilibrio presupuestario se tendrá que conseguir durante todo el año. Por tanto, eso querrá decir también incorporar negociación política con el Gobierno del Estado, como están haciendo la mayor parte de comunidades que han aprobado sus presupuestos».

En todo caso, «será en el proyecto de ley de presupuestos que definitivamente apruebe el Govern cuando veamos si esto -el criterio de la negociación política- se incorpora finalmente o no», ha concluido.

En cuanto a la política en materia de impuestos, Aragonès cree que se ha hecho un trabajo importante en los últimos años, pero que quizá se puede «batallar» por las competencias que tiene Cataluña en cuanto a «fiscalidad ambiental».

Asimismo, ha lamentado que el Estado solo conceda a Cataluña un 10 % de lo que tenía previsto recaudar por el impuesto de depósitos bancarios, dado que el impuesto catalán acabó siendo anulado por el Tribunal Constitucional.

En la parte del gasto, Aragonès ha subrayado: «No incluiremos un gasto que no podamos pagar, porque esto quiere decir que arrastras pagos pendientes», y en este punto ha recordado que este mes la Generalitat ha hecho efectivo el pago de ayudas para familias con hijos que estaban pendientes desde los años 2010 y 2011.EFE

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