La Guardia Civil lleva a cabo una redada contra la corrupción del PP en Valencia

La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

Entre los detenidos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus.

En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que se encuentra la exconcejal de Valencia María José Alcón, exasesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

También están siendo investigados el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis y Carmen García Fuster (miembro del PP de la ciudad de Valencia), y, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos.

En la operación desarrollada hoy se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat, según el TSJCV.

Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent.

Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy, informan las mismas fuentes.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial.

El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio.

En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares.

Según el TSJCV, la operación sigue abierta y la causa continúa secreta.

El exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla ha sido detenido hoy en la operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa, que se ha saldado con al menos 24 detenciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Caturla fue también delegado de la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), dependiente de la Generalitat.

Considerado como «mano derecha» del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, detenido también hoy, Caturla renunció a todos sus cargos (también era miembro del consejo de Administración en las empresas públicas Girsa, Egevasa e Imelsa) el pasado mayo, después de que el PP aceptara su solicitud de suspensión cautelar de militancia y funciones, y se incorporó a la empresa privada.

En unas grabaciones en poder de la Fiscalía relacionadas con una presunta trama de corrupción en la Diputación de Valencia, Caturla aparecería dialogando con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent sobre el cobro de comisiones por adjudicación de contratos.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el «Caso Imelsa», ha coordinado hoy una operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.