Hacienda denuncia a Puigdemont por los gastos del referéndum del 1-O

El Ministerio de Hacienda ha interpuesto una denuncia contra el Govern catalán cesado por los gastos derivados del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Ministerio de Hacienda ha denunciado al expresidente catalán Carles Puigdemont y a sus exconsellers ante el Tribunal de Cuentas para que paguen de su bolsillo los costes del referéndum del pasado 1 de octubre, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Efe, en el que denuncia el uso de dinero público en el referéndum independentista.

Quiere Hacienda que la Fiscalía inicie las «actuaciones oportunas» encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.

En concreto, Fernández de Moya precisa que deben aclararse todos los fondos públicos destinados a este fin, incluidas las subvenciones que recibieron la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, cuyo papel en la promoción y organización del referéndum «parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación».

Lo ha hecho ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que adopte “medidas contra el Govern de Catalunya y los responsables de las asociaciones identificadas que permitan esclarecer las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y en su caso, integración en el patrimonio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum”.

La denuncia reclama que se investigue el empleo de recursos públicos “para su organización y/o promoción por parte de entidades de naturaleza privada que han participado en la organización y promoción del denominado referéndum del 1 de octubre”.

La denuncia hace referencia a la Ley 4/2017 de Presupuestos de Cataluña, en la que se incluyen diferentes partidas para gastos de procesos electorales y consultas populares y que comprometía al Ejecutivo regional a garantizar la “dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña”.

Posteriormente, el Gobierno de Puigdemont aprobó los decretos de convocatoria del referéndum y de medidas complementarias para su realización, en los que se autorizaba la aprobación de los gastos y de las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum, “incluyendo la puesta a disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que se disponga”.